Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los veteranos puertorriqueños, el representante José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó hoy parte de su propuesta legislativa para el próximo cuatrienio, dirigidas hacia ese sector de la población.
Entre las iniciativas se encuentran luchar por la reapertura del antiguo hospital de la base Roosevelt Roads, establecer la “Ley de Empleo Temporero para Veteranos”, para disponer que las agencias gubernamentales al momento de realizar un nombramiento temporero seleccionen a un veterano del Registro de Contratación Temporera de Veterano.
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También, enmendar el Código de Rentas Internas para conceder una exención parcial del pago de arbitrios en la introducción de automóviles adquiridos por soldados que terminen su servicio activo y regresen a la isla, y solicitarle al Congreso que legisle para extender los beneficios del Programa Federal Lifeline a todos los veteranos de las fuerzas armadas.
Lifeline es un programa de beneficios que el gobierno otorga a las personas de bajos recursos que cualifiquen para descuentos en el pago de la renta mensual, ya sea para un servicio telefónico residencial o para su teléfono móvil.
“Nuestros veteranos, nuestros héroes, se merecen una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Por eso hemos luchado, desde la legislatura, impulsando medidas de avanzada para ayudarlos en su integración a la sociedad civil, entre otras cosas. Estas propuestas que estamos proponiendo son una parte del programa legislativo que estamos trabajando dirigido a eso, precisamente”, sostuvo Aponte Hernández.
El político también indicó que estará presentando legislación a favor de fortalecer el programa de las Casas del Veterano, así como buscarle mayores oportunidades de empleo.
Actualmente Puerto Rico cuenta con una población de veteranos que sobrepasa las 108 mil personas, según las cifras de 2011 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
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“El procurador del Veterano ha reconocido que una de las necesidades principales de nuestros veteranos es el empleo”, apuntó el legislador.
Respecto de Lifeline, explicó que el Congreso creó en 1996 el Fondo de Servicio Universal, al que deben contribuir todas las compañías de telecomunicaciones. El dinero generado por este fondo es utilizado entre otras cosas para ayudar a los residentes estadounidenses de bajos ingresos que requieren asistencia financiera para el costo de las facturas telefónicas mensuales a través de Lifeline.
En el caso de Puerto Rico, la administración de dicho sistema fue asignado a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, autorizándose a dicha entidad a cobrar a las empresas de telecomunicaciones los cargos correspondientes.
Bajo el Programa Lifeline, el subsidio es de 12.75 dólares, proveniente del Fondo de Servicio Universal Federal (9.25) y Estatal (3.50).
