Los gremios que representan los trabajadores que laboran en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) informaron su intención de acudir a los Tribunales para reclamar el pago de la deuda de sobre $29 millones que la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) tiene con la Administración de Sistemas de Retiro.
En conferencia de prensa celebrada hoy destacaron que esta deuda de $29,029,627.83 está impidiendo que los trabajadores que laboran en la dependencia no puedan acogerse a los beneficios de retiro y preretiro.
“No tan sólo la ATI está pagando las aportaciones correspondientes a Retiro, sino que está apropiándose del dinero de los trabajadores. Muchas de esas deudas es dinero que el propio trabajador desembolsó como su aportación individual o para el pago de préstamos tomados a Retiro por los propios trabajadores”, indicó el presidente de la TUAMA, Alexis Merced.
Merced alegó que el dinero provenía de la remesa que recibe la AMA por el impuesto al cigarrillo (Ley 30-2013), que anualmente allegaba la suma aproximada de 10 millones de dólares pero que la Fortaleza los retuvo para el alegado pago a los acreedores que conforme a la Ley de Moratoria, no hizo.
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Conforme explicaron en la conferencia de prensa de las remesas del impuesto al cigarrillo es que se pagaban las obligaciones de Retiro y se dejaron de pagar.
Según sostienen los gremios, el dinero fue desviado para la Autoridad de Transporte Integrado para ser usado en contratos que no rinden fin social.
La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) fue creada en agosto de 2014 con el alegado fin de consolidar la transportación marítima y terrestre, que al momento no ha hecho y según los gremios, tiene un presupuesto de 10.2 millones de dólares que dilapida en contratos.
Resaltaron que la ATI gasta $671,079.00 en salarios de los siete empleados; que gastó $1,266,600.00 en un contrato (Álvarez & Marsal) para lograr ser garantizador de fondos federales y presuntamente no lo logró; que contrató por la suma de $458,000.00 al Bufete de Faccio & Pabón Roca; y, en síntesis, reparte $2,682,871.00 anuales en contratos.
“El gobierno se ha quedado con el dinero del retiro de los trabajadores y los tiene que devolver. Así como debe cerrar la ATI, pues esta última sólo sirve para dilapidar el dinero destinado a la transportación marítima y terrestre en Puerto Rico”, destacó el presidente de TUAMA.
