La Comisión de Ética e Integridad Pública del Senado tomó conocimiento hoy de la notificación oficial del Departamento de Justicia sobre una investigación que ha iniciado sobre la senadora Mari Tere González, y declinó continuar con su propia investigación y juicio sobre la conducta de la senadora.
Durante el juicio federal por un esquema de corrupción entre empresarios privados y funcionarios de gobierno, surgió que la senadora González, del Partido Popular Democrático, recibió un donativo de Anaudi por $2,000, que nunca fue reportado a la OCE.
El contralor electoral Manuel Torres dijo públicamente que, de ser cierto, es un delito grave con penas de entre uno y tres años de reclusión, según provee la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.
Igualmente surgieron otros señalamientos de regalos y dádivas que tampoco fueron reportados y que cuestionan la pureza de las acciones legislativas de la senadora, quien aceptó que cabildeó a favor del nombramiento a un puesto de gobierno de una de las personas que hoy es acusada en el caso, Sally López.
López, según dijo en la corte el empresario ya convicto Anaudi Hernández, era importante en sus planes de hacerse dinero de manera fraudulenta.
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Durante su testimonio en corte, la Senadora se acogió a su derecho a no autoincriminarse en varias preguntas. Luego de eso, la Senadora decidió retirar su candidatura a la reelección por el distrito de Mayagüez, aunque no dejó su escaño, que ejercerá hasta fines de año.
La Rama Legislativa, Senado y Cámara de Representantes, tienen constitucionalmente la autoridad y el poder para pasar juicio sobre sus propios miembros, sin que ninguna otra rama legislativa, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, sea capaz de intervenir con esas decisiones.
Incluso, pueden expulsar, y se ha hecho antes, a uno de sus miembros, mediante un proceso detallado en la Constitución.
Ese poder de pasar juicio sobre sus propios miembros, que incluye someterlos a investigación bajo la Comisión de Etica, es el que ha declinado ejercer el Senado ante el Poder Ejecutivo representado por el Departamento de Justicia.
En declaraciones escritas y distribuidas por el Senado, y que no fueron suscritas por senador alguno, se indica que “ante este hecho y conforme con las disposiciones de los cuerpos reglamentarios del Senado, los miembros de la Comisión de Ética determinaron suspender el trámite ante dicha comisión mientras el Departamento de Justicia investiga. En específico, la determinación de la Comisión se basó en Sección 17 de las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico”.
Hace varios días, el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, renunció a continuar ocupando el alto cargo debido a sus vínculos con el mismo empresario, que perteneció inclusive al esencial comité de finanzas de la candidatura del representante en el 2012.
El empresario junto a funcionarios nombrados por Perelló llevaron igualmente un esquema de corrupción en la cámara baja.
Aunque se quitó de la presidencia, Perelló tampoco renunció al escaño, ni a su candidatura a la reelección.
La Comisión de Etica de la Cámara tampoco decidió pasar juicio sobre el representante.