La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN), que busca proteger las condiciones medioambientales de ese área de la costa de Puerto Rico, ha demandado a la Junta de Planificación (JP) gubernamental por incumplir la Ley de la Reserva Natural del CEN.
La organización ambientalista informó hoy a través de un comunicado de que en la demanda se impugna un documento de la agencia gubernamental que establece los usos del suelo para esta reserva natural y la zona montañosa que la conecta con el Bosque Nacional El Yunque.
El documento adoptado por la JP, conocido como Planes Sectoriales y Reglamentos de la Reserva Natural del CEN y Áreas Adyacentes, fue aprobado en marzo de 2016.
La citada coalición señala que la agencia permitió usos del suelo incompatibles con la protección del corredor, excluyendo a su vez terrenos que debían ser designados junto al resto de su cuenca hidrográfica como un área de planificación especial en violación a lo establecido específicamente en la Ley de la Reserva Natural del CEN.
El presidente de la Coalición Pro CEN, Cristóbal Jiménez, señaló que se había informado en varias ocasiones a la JP, mediante testimonio oral y por escrito, sobre las violaciones y omisiones hechas en el Plan Sectorial previo a su aprobación.
“Es frustrante que la agencia haya preferido ignorar nuestras advertencias obligándonos entonces a acudir a los tribunales para hacer valer la Ley de la Reserva Natural del CEN”, destacó Jiménez.
El comunicado señala que el Plan Sectorial permite la ganadería en prácticamente la totalidad del corredor y que esa actividad requiere mantener los terrenos sin vegetación para permitir el crecimiento de pastos.
Eso, sumado al excremento producido por el ganado y a la contaminación resultante de los humedales y cuerpos de agua existente en el área, resulta contrario a los fines de preservación, conservación y restauración que persigue la designación de una reserva natural, según el comunicado.
“Es increíble que aun cuando la JP reconoció estos impactos en el propio documento, acabó permitiendo la ganadería en un 95 % del área de la reserva natural”, apuntó Jiménez.
Luis Jorge Rivera, miembro asesor de la coalición, indicó por su parte que el plan sectorial excluyó terrenos que llevan agua hacia el Río Sabana, la Quebrada Fajardo y la Quebrada Aguas Prietas.
“Estos cuerpos de agua nacen en la Sierra de Luquillo y desembocan en el Corredor, por lo que forman parte de su cuenca hidrográfica. Aun cuando el plan sectorial reconoce este hecho, no fueron incluidos como parte de la delimitación oficial de los terrenos que están sujetos a las disposiciones del reglamento”, explicó.
Rivera dijo que confía en que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan acoja la reclamación de esta organización y exija a la JP que corrija las violaciones lo antes posible.
La Coalición y el resto de los demandantes son representados por Servicios Legales de Puerto Rico y la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).
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