La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico radicó el jueves una nueva demanda federal contra la Policía de Puerto Rico por supuestos abusos cometidos contra sus representados de la barriada Morales en Caguas.
“Nosotros hemos radicado esta nueva demanda, que es la primera demanda desde que acordamos transar el caso, por haberse firmado el acuerdo de la Reforma (de la Policía)”, dijo Josué González Ortíz, portavoz de ACLU en conferencia de prensa.
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“Este caso demuestra varias cosas. Número uno, que los abusos y corrupción en la Policía continúa, y en grande. Estos no son casos aislados. Estas no son manzanas podridas. No es tan solo en la Barriada Morales, está ocurriendo en muchos lugares”, añadió.
Explicó que la Uniformada, necesita una supervisión de la ciudadanía.
Incluye la demanda para que un juez ordene una renegociación de la Reforma de la Policía para incluir el Monitoreo Civil Independiente.
Se trata de la primera demanda de violación de derechos civiles y constitucionales radicada por la ACLU contra la Policía de Puerto Rico desde haber transado en 2011 una demanda por un patrón y práctica de violaciones de derechos civiles de parte de la Policía de Puerto Rico contra la ciudadanía. La firma de un acuerdo para reformar la Policía justificó que tanto la ACLU como el Departamento de Justicia retiraran sus demandas.
Los demandados son el superintendente de la Uniformada, José Luis Caldero López, Antonio López Figueroa, José Ramírez Ramos, José Juan García y Edwin Arroyo.
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Se mencionó que en el caso de la Barriada Morales “apunta a que la corrupción y sentido de impunidad de ciertos oficiales de la policía es mucho más profundo de lo anticipado y requiere de especial atención por la ciudadanía. Los últimos cinco a seis acuerdos firmados por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos con diversos estados, han acordado la necesidad de crear y establecer un mecanismo civil independiente de monitoreo policial. Aún en estados donde ya está establecida alguna forma de monitoreo independiente, los acuerdos requieren otros mecanismos adicionales. El acuerdo de reforma firmado en Puerto Rico no incorporó dicha exigencia; aun cuando es de conocimiento común que Puerto Rico carece de todas formas de rendición de cuenta y carece además de garantías de acceso a la información pública”.
“En el caso que ahora radicamos, nuestros clientes fueron víctimas de serias agresiones, amenazas y hostigamiento de parte de oficiales de la Policía por haber intentado documentar serias violaciones de derechos contra un ciudadano aparentemente bajo arresto por oficiales de la División de Drogas de Caguas. Nuestra cliente, Xiomara Rivera Cruz se encontraba en estado de embarazo”, se informó.
