Las posibilidades de que el exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Severino, sea restituido a su cargo tras la Junta de Gobierno retirarle la confianza por el lío de las becas presidenciales son escasas.
De acuerdo con el licenciado y profesor, Carlos Díaz Olivo, en términos jurídicos una restitución no tiene ninguna posibilidad por tratarse de un puesto de confianza.
“La posición de él es una de confianza, en las posiciones de confianza tu no tienes lo que se conoce desde el punto de vista de derecho constitucional administrativo que es el derecho adquirido cuando tienes el derecho adquirido de una plaza”, explicó el abogado al tiempo que resaltó que “es una falta de respeto jurídico plantear la posibilidad de que jurídicamente se puede restituir”. Metro supo que hay un movimiento que busca revertir las destituciones e ir contra los abogados de la investigación.
El viernes pasado la Junta de Gobierno efectuó una reunión para evaluar los escritos de Severino, el licenciado Carlos Pagán, la doctora Delia Camacho, del doctor José Lasalde y del doctor Uroyoán Walker, a través de su representante legal, en las cuales hay peticiones de oportunidad para expresarse, planteamientos de rechazo a hallazgos contenidos en el informe final que sometió a la Junta de Gobierno la comisión investigativa de las becas presidenciales o aclaraciones sobre aspectos señalados en este.
Mientras que Severino solicitó se anule el informe y ha remitido el documento al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que investigue si los abogados que lo prepararon incurrieron en faltas éticas.
La controversia de las becas presidenciales sed desató a principios de años cuando se reveló que varios de las beneficiarios tenían vínculos con la administración universitaria y gubernamental. Ya que entre los becados está el ex asesor de asuntos laborales en Fortaleza, Arturo Ríos; el ex asistente de Antonio García Padilla, Carlos Pagán y la sobrina del presidente de la Junta de Gobierno, Mónica Sánchez.