A poco tiempo de que comiencen las funciones de la junta de control fiscal que crea la nueva ley federal PROMESA, varias instituciones banqueras en la Milla de Oro en Hato Rey amanecieron hoy con la presencia de manifestantes que, apostados en sus entradas, apuntaban culpas por la deuda pública actual.
Desde tempranas horas de la mañana, fueron varias las personas que se movilizaron a las instituciones financieras UBS, Popular Inc. y Oriental Bank que ubican en la capital de la Isla. Los manifestantes apostados en el área exterior y las puertas de los edificios impidieron la entrada de otros individuos a las instalaciones.
Al mismo tiempo que realizaron el acto de expresión pública, se hizo llegar una comunicación a la prensa donde se detallan las motivaciones para el acto. El título del parte de prensa es directo: “Desobedientes Civiles frente a UBS acusan a los banqueros de crear la crisis de deuda en Puerto Rico”.
“Ya firmada la ley PROMESA, la llegada de la Junta de Control Fiscal es cosa de meses. La Junta vendrá a buscar cómo pagarle a los bonistas la deuda ilegitima e ilegal que emitieron unilateralmente y en contubernio, gobiernos y banqueros corruptos, desde sus intereses privados, y que nunca ha redundado en beneficio alguno para el pueblo”, establece la carta.
De hecho, activistas del campamento en contra de la junta de control fiscal que llevan ya dos meses frente al Tribunal Federal en la calle Chardón en San Juan también participaron de las manifestaciones en las firmas banqueras en Hato Rey.
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“Nosotros no decidimos emitir deuda y no decidimos en qué se gastaría el dinero, pero nos obligan a pagarla sacrificando la educación pública, privatizando la naturaleza y nuestros recursos, la salud, las carreteras y la vivienda. Venimos obligados a pagar la deuda con el aumento en el costo de vida, incluyendo impuestos, tarifas de energía eléctrica, combustible, agua, y hasta peajes, al mismo tiempo que aumenta el desempleo y colapsan los salarios junto con la economía”, continúa.
A lo largo de la misiva se apunta directamente de aportar a la deuda pública y la crisis fiscal del país a los altos ejecutivos de las firmas banqueras UBS, Popular Inc. y Oriental Bank.
“Al otro lado de nuestra crisis está UBS. Este Banco Suizo es junto a Popular Inc., y Oriental Bank, entre otros, una de las instituciones financieras con más responsabilidad en nuestra crisis de bonos. UBS ha sido relacionado por años directamente con esquemas de fraude, de mala representación y propagación de información falsa, entre un sinnúmero de manejos turbios por todo el mundo”, plantea.
Sobre UBS, el escrito indica que “bajo el mando de Miguel Ferrer hasta el 2014, UBS se puede vincular directamente con nuestra crisis de deuda, cuando por ejemplo, se le asocia con la emisión fraudulenta y compra/venta de más de 3,800 millones en bonos. Deuda que se emite entre otras cosas, sabiendo que la Isla no tenía capacidad de pago”.
En relación con Popular Inc. Denunciaron que “ha socavado nuestra estabilidad económica por décadas, desde la emisión de bonos hasta el trámite (cobrando por el servicio) de las ventas de recursos naturales y propiedad pública, desde la expansión monopolística de su empresa, pasando por ser artífice y beneficiario directo de la venta de la Telefónica de Puerto Rico, cuando era uno de los ingresos más solidos del Estado y en particular una fuente para la educación pública universitaria, hasta invertir lo que aquí gana, fuera del país”.
“Popular Inc., es dueño del 55% de los bonos de COFINA y en su banco están todos los recaudos del IVU y ahora inclusive tiene en sus bóvedas hasta los fondos del Banco Gubernamental de Fomento. El Banco Popular está ganando más con el Capital Estatal que el Estado Libre Asociado mismo. Popular Inc. ha sido consultor de emisión de bonos al mismo tiempo que corredor de la bolsa con su división de Popular Securities, fungiendo como vendedor, comprador, y asesor privado y del gobierno, todo al mismo tiempo e impunemente”, precisa la carta al tiempo que denunciaron que la figura del principal ejecutivo de Popular Inc, Richard Carrión tuvo privilegios por parte del Estado “para procurarse grandes fortunas”.