Denuncian atropello de la Policía contra los toabajeños

Por Metro.PR

Juan Camacho, portavoz del grupo ambientalista de base comunitaria Toabajeños en Defensa del Ambiente, denunció que la Policía de Puerto Rico atropella a su comunidad al mantener en operación un polígono de tiro de manera ilegal en el Centro Recreativo de Isla de Cabras.

 
“Desde hace décadas la Policía atropella a nuestra comunidad contaminando el terreno y las aguas donde se ubica el polígono con plomo y otros metales tóxicos. Así también nos contaminan con ruidos de ráfagas de tiros de altos decibeles. Si eso no fuera poco, almacenan artefactos de pirotecnia que con el tiempo y la humedad se descomponen y llegan al terreno y a la mar que circunda el lugar”, manifestó a través de una comunicación escrita.
 
De igual forma, explicó que con motivo de la última manifestación que realizaron frente al Cuartel General en noviembre de 2015, el Superintendente indicó a la prensa que estaba gestionando la contratación de una empresa privada para “determinar si valida la información sobre la contaminación y decidir si se justifican los reclamos ciudadanos.” Luego, en abril de 2016, informó a la prensa que la Compañía Altol había sido contratada para realizar esa tarea.
 
Sin embargo, aseguró que al día de hoy desconcen el estatus de dicho estudio. También añadió que hay dos elementos importantes en este caso. Primero, que la EPA (Agencia de Protección Ambiental) ha intervenido en más de una ocasión con la operación del polígono y con el almacenaje de otras sustancias en el lugar. En 1999 asumió el control de dicho polígono implosionando, de manera ordenada, parte de la pirotecnia, encontrando que la misma era contaminante al ambiente. Así también, hizo firmar un acuerdo a la Policía donde se estipulaba establecer un protocolo para la disposición de las sustancias peligrosas almacenadas, incluyendo el traslado de estos artefactos al Estado de Louisiana, acuerdo que no se ha cumplido.
 
En segundo lugar, sostuvo que seis instructores de tiro de la Policía fueron retirados del lugar por la agencia federal OSHA y referidos al Fondo del Seguro del Estado por dar positivo a pruebas de contaminación con plomo en octubre de 2015.
 
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