A solo varios días de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convirtiera en ley la medida que crea una junta de control fiscal federal para Puerto Rico, ya empiezan a surgir los conflictos que podrían tener algunos de los posibles candidatos que han sonado para ocupar algunos de los siete puestos que formarán este ente.
En el caso del exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch y del banquero puertorriqueño Richard Carrión, quienes, a juicio del analista y abogado Jonh Mudd, no son candidatos idóneos para esta junta debido a sus vínculos con el Gobierno local.
“Entiendo que Ravitch no accedería a ser miembro de la junta”, indicó el licenciado, al puntualizar que el también expresidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York fungió como asesor de la administración actual y actualmente ocupa un puesto en la compañía de seguros de bonos Build America Mutual Assurance Company (BAM).
“BAM no posee deuda de Puerto Rico, y, de hecho, es de conocimiento público, según la misma, que se niega a asegurar los bonos de Puerto Rico. Mientras tanto, muchos de sus competidores y otras aseguradoras de bonos grandes, como Ambac o Assured Guaranty, están por padecer grandes pérdidas debido a su propia exposición en ciertos escenarios de reestructuración, algo que por supuesto beneficiaría a BAM”, señaló Mudd en un escrito publicado en su blog
controlboardwatch.org.
Respecto a Carrión, el abogado comentó que el titular de Popular Inc. representaría un conflicto de interés, porque en la cartera de clientes de Popular Securities LLC. figuran clientes que han invertido en bonos locales.
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Aunque ha trascendido que el comisionado residente, Pedro Pierluisi, podría trabajar con el organismo, Mudd también descartó esta posibilidad, ya que la junta necesitaría abogados expertos en quiebras, y esta no ha sido un área de expertise de Pierluisi. Además, señaló que otro conflicto radica en que la esposa del comisionado residente, María Elena Carrión, tiene clientes con inversiones en Puerto Rico.
Según PROMESA, los siete miembros de la junta deben estar confirmados antes del 15 de septiembre de 2016. En contraste, en un documento publicado por la empresa de investigación financiera Heights Securities, con sede en Washington D. C. y que fue reseñado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), pronostica que la junta sería nombrada a finales de esta semana.
En el escrito, firmado por Daniel Hanson, analista financiero de Heights Securities, se dividen a los candidatos entre “probables”, “menos probables” y “no probables”. Algunos de los nombres “probables” son el exgobernador de Nueva York George Pataky y Williams; mientras que en la de los “no probables” se encuentran personalidades como David Chafey, expresidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Jim Millstein, asesor de la administración actual, y Ravitch.
“Los nombres que se han rumoreado que están cerca de la administración actual, como Chafey, Millstein o Ravitch, parecen como candidatos poco probables debido a los vínculos entre el Gobierno de García Padilla y el Congreso de Estados Unidos”, señala el escrito.
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, precisó por escrito a preguntas de este diario que “en el presupuesto no se incluyó ninguna partida para la junta. Es algo que en su momento se discutirá con ellos y se harán los ajustes necesarios”.
Se estima que la junta le costaría al Gobierno local unos $2 millones mensuales. El monto estaría destinado para cubrir los gastos operacionales de
la entidad.