Gobierno local tiene que moverse según PROMESA

Ley. Durante los próximos años fiscales, Puerto Rico se limitará a las disposiciones del estatuto que impone una junta de control fiscal federal.

Por Karixia Ortiz Serrano
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Ante la puesta en vigor de la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Puerto Rico tiene que inmediatamente moverse para cumplir con los estatutos que regirán las finanzas del país, y los impagos no necesariamente abonan a mejorar su imagen ante el Gobierno federal.

Metro consultó a conocedores en el tema y expresaron que localmente tienen que iniciar los primeros pasos para cumplir con la ley federal que dominará durante los próximos años.

Como primeros pasos, el economista Gustavo Vélez puntualizó que la junta debería iniciar “la reestructuración [de la deuda pública] y comenzar el proceso del monitoreo financiero e ir estabilizando el déficit”.

No obstante, Vélez descartó que las primeras maniobras en virtud de la ley se puedan cumplir en el primer año de las funciones del ente fiscal federal. “No creo que en un año puedan lograr eso”, precisó el economista.

Según PROMESA, antes del 15 de septiembre, los siete miembros de la junta de control fiscal federal tendrán que estar confirmados por el presidente de Estados Unidos para inmediatamente incidir en el presupuesto y planes fiscales.

De otro lado, aunque la ley posibilita una moratoria en las litigaciones por los impagos, esto solo es efectivo hasta el 15 de febrero de 2017 o hasta seis meses después de esa fecha límite.

De hecho, el Gobierno cayó en un nuevo impago, al no poder cumplir con el pago que vence hoy, cuyo monto asciende a casi $2 mil millones.

El gobernador Alejandro García Padilla decretó, mediante órdenes ejecutivas, una moratoria en el pago de las obligaciones generales (conocidos como GO), mientras que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convertió en ley el proyecto PROMESA con su firma.

Los GO están protegidos por la Constitución y representan aproximadamente $779 millones del pago que vence hoy. Igualmente, declaró en estado de emergencia a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Ante el nuevo incumplimiento, el abogado y analista John Mudd indicó que, a pesar de las disposiciones del cese de las litigaciones por impagos de la ley PROMESA, no dejan de ser un impago.

“El stay de PROMESA lo único que protege es que no te demanden, y eso es un impago. Eso tiene repercusiones en el mercado de bonos. Es como una mancha en tu récord bien grande. El hecho de que no nos puedan demandar hasta el 15 de febrero o un poco después, si se extiende, no cambia el hecho de que dejaste de pagar. Y lo que demuestra es la mala fe del pueblo de Puerto Rico”, explicó Mudd a preguntas de este diario.

Según Mudd, el Gobierno tendrá que reajustar el presupuesto para el próximo año fiscal 2016-2017 porque, para antes del cinco de cada mes, se tendrán que depositar $2 millones para así cumplir con la partida que exige la junta para operar. Esto pese a que los miembros del ente independiente no devengarán sueldo.

Pero, de otra parte, Vélez indicó que, al PROMESA entrar en función al mismo tiempo que el nuevo año fiscal 2016-2017, la junta podrá comenzar a analizar y rendir cuentas del presupuesto “y ver si es balanceado o no. Lo importante es que va a comenzar a fluir información financiera, los estados financieros […] y el déficit”, señaló.

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