Pierluisi urge al gobierno a comenzar cumplimiento con disposiciones de PROMESA

El comisionado residente en Washington, D.C., Pedro Pierluisi instó al gobierno de Puerto Rico a estudiar de cerca la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), para que se asegure de cumplir con las disposiciones del estatuto que podría ser convertido en ley el jueves por el presidente, Barack Obama.  

“Es imperativo que las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de Puerto Rico se aseguren de que están familiarizadas con las disposiciones relevantes de PROMESA para que puedan cumplir con sus requisitos. Estaré siempre disponible para aclararle a cualquier funcionario del gobierno local que necesite entender mejor las disposiciones específicas de PROMESA”, expresó Pierluisi en un comunicado.
 
En votación bipartidista, tanto la Cámara de Representantes federal, como el Senado de Estados Unidos, aprobaron la medida de forma contundente, 297 a 127 y 68-30, respectivamente.  

El funcionario indicó que se espera que el presidente Obama firme PROMESA el jueves mismo, a horas de que se cumpla la fecha de pagos a bonistas de múltiples entidades públicas en Puerto Rico, incluyendo el gobierno central, que totalizan casi 2 mil millones de dólares. Se espera que algunos de esos pagos no se hagan.

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“PROMESA va a prevenir temporeramente que los bonistas demanden al gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de contrato si se falla en algunos pagos. Esto ayudará a crear un ambiente en el que el gobierno de Puerto Rico y sus acreedores puedan sentarse a la mesa juntos para intentar de buena fe llegar a acuerdos consensuales de reestructuración de deuda. PROMESA hace que esos acuerdos voluntarios sean más fáciles de lograr. Sin embargo, si los acuerdos no se logran, PROMESA autoriza al gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Supervisión, a reestructurar las deudas por medio de un proceso justo y ordenado regulado por un juez federal, un poder vital que Puerto Rico no tenía antes de la vigencia de PROMESA”, detalló el comisionado.

De acuerdo con Pierluisi, aunque muchas de las disposiciones de PROMESA solo entran en vigencia de forma práctica una vez la Junta de Supervisión compuesta por siete miembros es constituida, otras disposiciones sí son efectivas de forma inmediata en cuanto el presidente Obama firme la ley.

“Por ejemplo, la Sección 204(c)(3) de PROMESA impide que el gobierno de Puerto Rico apruebe nuevas leyes, durante el período entre el momento en que entra en vigor la ley y en lo que se designan los miembros de la Junta, que ‘permitan la transferencia de fondos o activos fuera del curso regular de operaciones’ o que ‘alteren las prioridades pre-existentes de acreedores fuera del curso regular de operaciones’”, agregó.

Pierluisi también destacó que PROMESA provee un camino claro para que Puerto Rico descarte su estatus territorial y lo reemplace con un estatus digno y democrático, por lo que apeló al gobierno local a seguir ese camino.

El funcionario indicó que el estatus territorial de Puerto Rico es la causa principal de la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, lo que ha permitido la aprobación de PROMESA.
 
“La Sección 402 de PROMESA atiende este asunto de forma simple y directa, diciendo que esta ley no puede interpretarse como una restricción al derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico de escoger su futuro político, incluyendo el poder llevar a cabo la consulta autorizada por la Ley 113-76. En respuesta a mis gestiones, el Congreso aprobó esta ley en enero del 2014, la cual autoriza y provee financiamiento para la primera consulta de estatus avalada por el gobierno federal en la historia de Puerto Rico. El propósito de esa votación, de acuerdo a la misma ley, es para ‘resolver’ el estatus de Puerto Rico. Dada la importancia de esa consulta, la ley requiere que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apruebe la papeleta y los materiales educativos previo a que se efectúe la misma. La diferencia entre una consulta avalada por el gobierno federal y otro plebiscito local es claramente significativa”, señaló.  

Finalmente, exhortó al gobierno de Puerto Rico a que aproveche esta ley federal para realizar, sin demora, una consulta avalada por el gobierno federal conforme a la Ley federal 113-76.