Los problemas que afronta la población de edad avanzada en la isla, estimada en más de 800 mil personas, podrían agravarse si, en efecto, se aprueba el proyecto que propone una junta de control fiscal para el Gobierno de Puerto Rico.
Así lo describió a Metro la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López León, quien, tras su paso por la Procuraduría de los Envejecientes, asegura conocer las principales necesidades de este segmento poblacional y cómo estos se afectarían aún más con la implementación del proyecto congresional conocido bajo el acrónimo PROMESA.
Según López León, como la junta vendría específicamente a recortar gastos para pagar lo casi 70 mil millones de dólares que el Gobierno debe a sus bonistas, se estarían afectando los servicios más apremiantes que reciben los envejecientes, especialmente en el área de la salud.
“Los recortes impedirían que las personas reciban todos los servicios médicos que necesitan. Veríamos cambios (en el despacho) de medicamentos por otros menos costosos, además de que los servicios que reciben las personas en el hogar, de enfermería y comidas, se podrían ver trastocados”, dijo la senadora, quien auguró un aumento en el número de hospitalizaciones si se concreta esta situación.
A juicio de López León, las siete personas que dirigirán la junta “solo ven el aspecto económico, no ven los efectos que puedan generar sus acciones porque no conocen el país, no conocen la población y no conocen las estructuras que tenemos de gobierno para poder ofrecer los servicios que no están bajo las mismas estructuras que tiene el Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó.
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En ese sentido, la senadora popular destacó que otras de las prioridades de la población mayor de 60 años en Puerto Rico que podrían ser impactadas negativamente si la Legislatura federal da luz verde al H. R. 5278 son vivienda, transportación y pensiones.
“La falta de vivienda sigue siendo una de las necesidades principales en la poblacion de edad avanzada, y, cuando hablamos de vivienda, hablamos de subsidios, de separaciones de vivienda, de fondos para reparar sus casas, que son dineros que se les dan a través de diferentes programas que podrían sufrir recortes o desaparecer”, expresó.
En cuanto a la transportación, la senadora indicó que, si los fondos para estos fines fueran recortados, se afectarían los que dependen del servicio para acudir a sus citas médicas.
Sobre el sistema de pensiones, López León levantó dudas, ya que el lenguaje que promueve PROMESA, que se espera sea atendido en el Senado federal antes de que finalice este mes, no establece ningún compromiso para atender el déficit actuarial que encara el sistema y que podría quedar insolvente a mediados de 2017 si no se identifica una fuente de financiamiento.
“[El proyecto] dice que buscará las alternativas ‘adecuadas’. Lo ‘adecuado’ es lo que nos preocupa, pues podría incluir la revisión obligatoria de los beneficios existentes y su sostenibilidad. Esa es una de las preocupaciones que tenemos con este proyecto”,
sentenció López León.