Gremio periodístico denuncia problemas en medida que busca regular información

Por Inter News Service

 La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) denunció un nuevo intento del gobierno para regular la información pública al crear un aparato estatal cuasijudicial con sueldos equivalentes a los de juez superior, y que provee sanciones para funcionarios públicos que violen las normas de esa ley, y crea varios nuevos puestos de gobierno, entre ellos uno en cada agencia encargado de filtrar la información y que incluye mantener un registro detallado de las personas que hacen la búsqueda de la información.

De hecho, este aparato de gobierno llamado Junta Administrativa Revisora, cuyos costos no se especificaron y creará varios empleos, es como un tribunal que decidirá si la información que se solicita es pública, según definida en la ley, y se debe entregar. La portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, Jenniffer González Colón, ya advirtió que no apoya esa Junta.

Para el presidente de la ASPPRO, Juan Hernández, este proyecto de ley obstruye el acceso de los periodistas a la información, crea una burocracia innecesaria y de todos modos el estado no puede negar esa información pública.

El proyecto crea expedientes de toda gestión que hagan los ciudadanos o los periodistas en las agencias, eso incluye el nombre del solicitante, qué información pide y todas las veces que haga la petición, así como el nombre del funcionario público que le atiende.

El presidente de la Comisión de Gobierno, y firmante principal del proyecto, José “Conny” Varela Fernández, advirtió al mismo inicio de la vista pública de hoy, que el Proyecto de la Cámara 2944 “es un proyecto por petición del CPI”, y que dice “no está escrito en piedra” y puede ser enmendado y modificado.

La Ley ha sido titulada “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”.

La propuesta, originada por el Centro de Investigación Periodísticas (CPI), de Oscar Serrano, se une a intentos de varios gobiernos anteriores que han intentado regular la información pública mediante canales burocráticos.

“Buena ponencia”, dijo Varela sobre la ponencia que, a nombre del CPI leyó el abogado Efraín Rivera. Otros representantes, Luis Raúl Torres, Jesús Santa y Pellé Santiago endosaron en apenas la primera vista el proyecto, a la que se opone igualmente el Overseas Press Club, sin tener aun el beneficio de lo que puedan decir los oponentes al proyecto.

En torno a los costos de esa nueva burocracia, Víctor García San Inocencia, a nombre del CPI, dijo que si se compran de manera unificada los programas de computadoras, por ejemplo, se ahorra dinero.

La representante González Colón coincidió en que debe haber acceso a la información, entre ellas los gastos de gobierno, aunque pudiera hacer “enmiendas procesales”.

Rivera cree que esta ley podría aplicar a la junta de control fiscal y que mediante este proyecto cualquier persona puede pedir que se le entregue los mismos documentos e información que el gobierno le den a la junta de control fiscal.

El profesor constitucionalista también aseguró, al igual que Serrano, que los países latinoamericanos tienen mejores leyes de libertad de información que Estados Unidos, sus etados y Puerto Rico. Incluso mejor que la ley federal FOIA.

El proyecto crea una Junta Revisora con cuatro componentes, oficiales de información en cada agencia, un defensor público nombrado por el propio estado y todo el equipo burocrático necesario.

El propio estado provee y paga el sueldo del defensor publico, que defiende a la persona que le reclama al estado la información. El sueldo que se le adscribe al presidente de la Junta es de alrededor de $90,000.

García San Inocencio aceptó que el proyecto el proyecto no borra las categorías de confidencialidad de la información de gobierno.

Para Hernández, “como cuestión de principios la Asppro rechaza el proyecto”, pues “el estado no puede ejercer el rol de controlador o regidor de la información pública” y ya está obligado a darla.

La posición de la entidad periodística es que el gobierno crea una nueva entidad administrativa que le añade un nivel intermedio al solicitante al que se le ha negado la información.

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