El nuevo retraso de la presentación de una nueva legislación o de un ajuste en el lenguaje del ya presentado HR-4900, mejor conocido como PROMESA, sigue en pugna por elementos cruciales: pago de pensiones, reestructuración de la deuda y los terrenos protegidos en la isla municipio de Vieques.
Pese a que se supone que ayer era la fecha en que se esperaba la presentación de un nuevo borrador dedicado a atender la situación fiscal de Puerto Rico, quedó nuevamente pospuesto y no será hasta mediados de la próxima semana cuando posiblemente haya nuevas señales de la pieza de ley federal.
Esto retrasaría aún más el proceso de discusión y de votación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y, como si fuera poco, también dilataría la posible votación en pleno en la Cámara federal, que pudiera ser ya para finales de mayo o principios de junio.
Pero ni la Comisión ni el Departamento del Tesoro federal han confirmado las informaciones relacionadas con las fechas.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, indicó que pudiera ser en la semana del 22 de mayo que se haga la presentación de la nueva legislación, para luego una semana más tarde considerarlo para su votación en la Comisión. No obstante, el funcionario había establecido previamente que cualquier legislación federal sería aprobada a medidados de julio, es decir, luego del vencimiento del pago de $1,900 millones.
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Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, destacó que en la dinámica federal hay una tirantez interna hace que el proceso legislativo específico para Puerto Rico confronte problemas y adelantó que no habrá acción positiva hasta que se genere “una crisis”.
“El Congreso no actúa antes de que haya una crisis y el Congreso no va a actuar hasta que haya una megacrisis y es la forma en que ellos operan. Lamentablemente, el sistema legislativo de Washington está roto por la división tan grande que hay en los partidos políticos y el propio presidente [Barack Obama] no ha podido aprobar su propio presupuesto en seis años”, sostuvo.
Pierluisi, en cuanto a la medida, destacó que sería pertinente que el Tesoro valide cualquier disposición de reestructuración de la deuda local para tener garantías de que funcione. Pero eso aún no sucede.
“Estamos teniendo progresos, pero aún no llegamos a la meta. La situación en Puerto Rico es urgente, pero un proyecto que no resuelva el problema o que no pase no ayudará a nadie”, indicó el congresista Raúl Grijalva, quien estuvo de visita en la isla por los pasados tres días.
Otras de las disposiciones en jaque son los que disponen ceder o no parte de los terrenos protegidos por el Gobierno federal en la isla municipio de Vieques, reducir el salario mínimo a los trabajadores menores de 25 años y la de poner el pago de los acreedores en prioridad en el proceso de reestructuración.
“De Vieques se ajustó el lenguaje para que, si se traspasan los terrenos a Puerto Rico o al fideicomiso de conservación, sea para conservación o recreación pública. Esto se está haciendo porque se reconocen que son terrenos de alto valor ecológico”, indicó Pierluisi en entrevista radial (Wapa Radio).
La pugna por los terrenos sería porque el Gobierno local pudiera adquirir una porción de las tierras protegidas para, incluso, poder vender a un tercero y obtener beneficios económicos por la transacción. Pero, por la experiencia de las prácticas militares de la Marina y el resguardo de ambientalistas, hay resistencia para el desarrollo de infraestructura que afecte el ecosistema.
El portavoz de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara federal, Parish Braden, ha comunicado que el lenguaje de la medida se sigue refinando. También precisó que preservará la reestructuración de la deuda con una junta de control fiscal.
Pero el portal de noticias Político citó a un funcionario de la Cámara federal, quien aseguró que el proyecto priorizará el pago a los acreedores antes del pago a los pensionados. Además, existen posibilidades altas de que se mantenga la reducción de $7.25 a $4.25 del salario mínimo a los empleados menores de 25 años. Este aspecto ha puesto en disputa tanto a demócratas, pues se oponen rotundamente.
El gobernador Alejandro García Padilla estuvo ayer en la capital federal reunido con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, quien ha reiterado que la legislación no comprometerá a los contribuyentes estadounidenses de proceder a un rescate o bailout de la isla.
“Hemos sido enfáticos en afirmar que las consecuencias de la crisis fiscal ya se han comenzado a sentir. El Congreso debe actuar prontamente con un proyecto que brinde las herramientas necesarias. De lo contrario, el escenario será aún más desolador”, indicó el gobernador.