La senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, anunció que el jueves se verá en el pleno del Senado los resultados de la Resolución de investigación 695 de su autoría sobre el Lenguaje de Señas Puertorriqueño (LSP), que es utilizado por la población sorda y para auscultar la situación actual de la concesión de Certificaciones a Intérpretes del Lenguaje de Señas en la isla.
“El país debe saber que no hay un número claro de la cantidad de personas sordas en la isla, aunque se estima entre 80 mil y 185 mil individuos. No hay los análisis e investigaciones necesarias para determinar una cantidad precisa y eso repercute negativamente en los servicios que el Estado debe proveer a esta población. De igual manera, las instituciones de educación superior están impedidas de trazar estrategias para educar a los estudiantes de Pedagogía en los servicios que requieren los niños sordos”, explicó la senadora en un comunicado de prensa.
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La legisladora señaló que entre las recomendaciones que presenta el estudio senatorial, está la ejecución de un censo formal para saber cuántas personas sordas hay en Puerto Rico y la creación de una Junta Examinadora para certificar los ejecutores del lenguaje de señas. “Con estas dos propuestas podemos atender primero la necesidad de información que hay, para entonces trazar planes de servicios a esta población, ya sea por edades o zonas geográficas y establecer formalmente un proceso unificado sobre el lenguaje de señas”, sostuvo.
Indicó que en el documento senatorial se expone además, que hay algunos intérpretes que informalmente atienden a la población en iglesias de distintas denominaciones, por ejemplo, pero son personas que no pueden representar formalmente a los sordos en situaciones de índole legal. Aunque existe la plataforma ‘American Sign Language’, que se usa en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico se ha adaptado la misma a la realidad cultural.
“Esto ha creado una confusión institucional que evita precisar la plataforma que se está usando. No hay precisión. En el informe exponemos los resultados de nuestra investigación y los pasos a seguir”, añadió la legisladora.
Además, entre los hallazgos que informa la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, se destaca que Puerto Rico no tiene un proceso formal reconocido para certificar a los intérpretes del lenguaje de señas y que la Ley 136-1996 que establece que las agencias del gobierno tendrán un intérprete para asistir a los ciudadanos con problemas auditivos, no se está cumpliendo. También se estableció que hay una cantidad indeterminada de sordos que son analfabetas y que están impedidos de usar el lenguaje de señas regular, por lo que informalmente se han creado sistemas en los hogares o comunidades.
Mientras tanto, indicó que durante la investigación se recibieron múltiples ponencias de instituciones e individuos como el Departamento de Educación (DE), la Oficina de Rehabilitación Vocacional (ORV), la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), entre otros.
En la sesión de del jueves también se verá el proyecto del Senado 1525, para crear la Ley para Reglamentar el Programa de Experiencias Clínicas Educativas del Departamento de Educación de Puerto Rico. La medida deroga la Ley Núm. 79 de 23 de agosto de 1989, conocida como “Ley para Reglamentar el Programa de Práctica Docente del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico”.
