El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, advirtió que Puerto Rico podría necesitar un rescate federal, si el Congreso no aprueba un proyecto de ley que ayude a reestructurar la deuda del país, que sobrepasa los $70 mil millones.
Las expresiones de Lew están recogidas en una carta dirigida hoy al presidente de la Cámara de Representantes federal, Pual Ryan, en la que se informa que se advierte sobre los efectos que tendría la isla de contar con ninguna herramienta que le ayude a corregir sus maltrechas finanzas.
“A menos que el Congreso apruebe una legislación que incluye herramientas de reestructuración y de supervisión adecuadas, un rescate financiado por los contribuyentes puede convertirse en el único curso legislativo disponibles para hacer frente a una escalada de la crisis”, expresa Lew en una carta al Congreso.
La misiva fue enviada un día después de que el gobernador de Puerto Rico emitiera una orden ejecutiva para aplicar una moratoria sobe un pago de $422 millones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“El Congreso debe trabajar rápidamente para resolver los aspectos pendientes sobre la legislación propuesta para ayudar a Puerto Rico”, indicó Lew en referencia al proyecto HR 4900, en el que se propone, entre otras cosas, una Junta de Control Fiscal Federal que limitaría los poderes del Gobierno local.
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De acuerdo con un artículo e Bloomberg, esta acción subrayada por Lew podría presionar aún más a los acreedores de Puerto Rico a sentarse a negociar, ante la inminencia de que se siga aplicando más moratorias en los pagos del país. De hecho, en horas de la mañana de hoy, el gobernador, Alejandro García Padilla, no descartó que esta carta se aplicada en futuras ocasiones, sobre todo, en el próximo pago que debe hacer el país el 1ro de julio por la cantidad de $1.9 millones. Concretamente, de ese pago de julio $700 millones corresponden a bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés), que están protegidos por la Constitución.
Ante esto, Lew señaló que “sin un marco reestructuración ordenada para hacer frente a sus deudas, Puerto Rico se enfrentará a una serie de incumplimientos en cascada”, lo que provocara —según el secretario del Tesoro— un incremento en los litigios por estos impagos, que podrían tardarse años en resolverse.