La reciente ley que firmó el gobernador estableciendo una moratoria en el pago de las obligaciones del Gobierno central y la que le otorga unos superpoderes a él mismo, desde la perspectiva del Partido Independentista Puertorriqueño, no es otra cosa que un ensayo criollo de lo que será la operación del Gobierno si en su momento entrara en vigor la imposición de la junta de control fiscal. ¿Por qué entendemos que esto es así? Al igual que está plasmado en los borradores que ha publicado la Cámara de Representantes del Congreso federal, esta ley de moratoria limita los poderes de los entes gubernamentales, en específico los poderes del Banco Gubernamental de Fomento, limitando sustancialmente las cantidades de fondos liberados para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Banco. El poder decisional sobre el destino de los limitados desembolsos que realizará el BGF semanalmente recae sobre una comisión que se crea en virtud de esta ley y como producto de la orden ejecutiva que pone en vigor dicha ley. Al igual que el mecanismo propuesto para una junta de control fiscal, el poder para decidir en qué se invertirá el dinero de todos nosotros recaerá en un reducido grupo de personas. Y la peor similitud que pueden tener la ley de moratoria y la junta de control fiscal es la prioridad en el pago de las obligaciones con los acreedores de Wall Street y el impago de los servicios esenciales.
Podemos decir que el Gobierno ha optado por el impago, por el impago de los servicios esenciales. Ya lo estamos viendo cuando día tras día vemos a los suplidores de los distintos servicios reclamando el pago de servicios prestados, pero, lejos de ser frivolidades, son aquellos servicios, como, por ejemplo, el pago a los proveedores de servicios a la población de educación especial del Departamento de Educación. Esta es la noticia que ha copado los medios noticiosos en esta semana. Ese como ejemplo más drástico, pues se trata de la población más vulnerable del país, pero ya habían optado por el impago de los reintegros, y ahora que nadie piense que el panorama será mejor que el del año anterior; al contrario, será peor.
Mientras arremeten sin piedad contra todos los que aportamos una cuarta parte de nuestros ingresos al país, esperando un mínimo de reciprocidad, son como el cordero sumiso de nuestro escudo frente al león de Wall Street. Rojos y azules acuden a la capital federal para mendigar unas migajas, un cambio en la composición de la junta, menos interferencia con los poderes ya limitados del gobernador y la Asamblea Legislativa, pero al final sucumbiendo ante la posibilidad de una junta. Y acá los mortales, sufriendo el ensayo con la ley de moratoria, rojos y azules permitiendo el dominio colonial del Congreso sobre su posesión en el Caribe.
En el Partido Independentista no mendigamos, no nos conformaremos con ninguna junta, no nos conformamos con la colonia. Pero sí creemos en el impago, creemos en el impago como condición para negociar con los acreedores la reestructuración de la deuda y con el Congreso de Estados Unidos, un proceso descolonizador que culmine en una fórmula de estatus que nos brinde las herramientas para poder manejar la crisis y la deuda billonaria; mas no creemos en el impago de los servicios esenciales. Aquel viejo eslogan de “Primero la gente” se difuminó en el tiempo y el espacio. Para poner primero a la gente, es necesario, primero, el impago.
