La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, confirmó que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM) determinó que no depositarían el dinero de los municipios en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hasta que no se aclarara la ley de moratoria.
Según explicó la alcaldesa capitalina, en una reunión que sostuvieron los miembros de la junta la semana pasada fue cuando se llegó a esa determinación. Esto fue previo a que el gobernador Alejandro García Padilla firmara el sábado una Orden Ejecutiva para limitar los retiros del BGF, lo que provoca que los alcaldes tengan que probar la necesidad del ofrecimiento de servicios esenciales.
“Lo que hizo el CRIM es responsable para manejar y mantener los servicios esenciales”, apuntó la alcaldesa en entrevista radial (Radio Isla) al tiempo que especificó que la cantidad que se dejaría de depositar asciende de entre $30 a $40 millones. No obstante, Cruz indicó que cuando se tomó esa determinación, el CRIM a su vez emitió un pago de $5.6 millones que se supone se pagara el próximo junio.
“Tomamos la decisión de no depositar los dineros de los municipios en el BGF hasta tanto no hubiese una reunión con el BGF y se aclarara qué acceso iban a tener los municipios a ese dinero”, dijo la alcaldesa quien también es tesorera en la Junta de Gobierno del CRIM.
Entretanto, persiste entre los administradores municipales una inquietud para mantener las obras de infraestructura y otros servicios que consideran importantes para los habitantes.
De otro lado, la secretaria de la gobernación, Grace Santana, convocó para una reunión en el Departamento de Estado a varios alcaldes y jefes de agencia para conversar sobre las implicaciones y alcance de la ley de moratoria y la orden ejecutiva que declara al BGF en un estado de emergencia.