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Una auditoría de la Oficina de la Contralora reveló que la Administración de Corrección nunca ha utilizado un edificio que adquirió el 31 de octubre de 2008 con fondos federales por $1.2 millones para crear un hogar de adaptación social para confinadas en la zona de Río Piedras.
De acuerdo con el informe, el edificio ubicado en la Avenida Muñoz Rivera 873, está vandalizado, en total estado de abandono y parcialmente quemado. Este caso demuestra que no hubo un control previo según establece la Ley Num. 230 para las operaciones del gobierno y los gastos no se realizaron dentro del marco de utilidad y austeridad. Además, con respecto sobre la transacción la agencia no pudo evidenciar cómo pagó $13,114 por concepto de gastos de honorarios de abogado y sellos para el registro de propiedad.
En febrero del 2013, la Subeditora de la Oficina de Facilidades y Mantenimiento indicó al Secretario Auxiliar de Administración y Gerencia del Departamento que para establecer el Programa de Ayuda al Excofinado se requería contratar a un arqueitecto por la suma de $114,750 y la inversión de $2,113,200 para la remodelación del edificio. Ante esto, expresó que el proyecto sería oneroso para el Departamento ya que el costo de remodelación sería mayor al de adquisición.
“La situación comentada ocasionó que se invirtieran recursos por $1,175,000 que no han tenido utilidad”, resalta la auditoría.
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Por otro lado, el informe señala que de los nueve contratos y 45 enmiendas por $34.7 millones formalizados del 2004 al 2008 para la construcción de verjas en los complejos correccionales de Bayamón, El Zarzal en Rio Grande y La Pica en Jayuya, la Administración no remitió 22 enmiendas por $3.2 millones a la Oficina del Contralor, ni mantenía expedientes completos de los proyectos de construcción. Esta situaciones son contrarias a la Ley Num. 18 y al Reglamento 33 sobre el registro de contratos.
Ante esto, se recomendó al secretario de la agencia a tomar las medidas necesarias para que la inversión de fondos redunde en beneficios, mientras que al secretario auxiliar de administración y gerencia que se asegure de la “conservación y el archivo de la documentación relacionados con los desembolsos”.
La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2015.