Promueve la reutilización de comida expirada para combatir el hambre
Datos del Departamento de Agricultura Federal (USDA) indican que una familia de cuatro desperdicia el equivalente a $1,500 al año".
La propuesta del senador Miguel Pereira Castillo de promover una política pública en cuanto a la disposición de alimentos excedentes, para unificar y organizar las diversas iniciativas de gobierno y organizaciones sin fines de lucro, fue tema de discusión en una audiencia pública.
“El proyecto del Senado 1497 busca establecer guías que promuevan colaboraciones multisectoriales con el objetivo de redistribuir y reutilizar los excedentes de alimentos de supermercados, colmados, restaurantes y otros centros de venta y/o almacenaje de alimentos, para su distribución justa entre los que más lo necesitan”, expresó el senador.
Esta semana, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) presentó una ponencia ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, que preside la senadora Rossana López León.
En una audiencia pública la entidad expuso su parecer ante la medida, explicando sobre los esfuerzos que hacen entre sus miembros para minimizar la pérdida que representan los alimentos dañados o expirados y también la cooperación que realizan con el Banco de Alimentos de Puerto Rico.
Con el Banco de Alimentos coordina la entrega y utilización de alimentos que, a pesar de estar recientemente expirados o con defectos de empaque, son aptos para consumo humano.
Manuel Reyes Alfonzo, director ejecutivo de la organización empresarial, presentó varias propuestas para fortalecer el proyecto, como contemplar la ampliación del mismo para atender las situaciones de manejo de alimentos en las fincas y granjas e incluso maneras de educar a la comunidad sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos en los hogares.
“En este proceso, no debemos olvidar que el desecho de alimentos no sólo ocurre a nivel comercial, sino también doméstico. Datos del Departamento de Agricultura Federal (USDA) indican que una familia de 4 (cuatro) desperdicia el equivalente a $1,500 (mil quinientos dólares) al año”.
La MIDA sugiere además que se explore la posibilidad de establecer algún tipo de trabajo en conjunto o alianza con el USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) “que han lanzado en Estados Unidos una campaña agresiva para reducir los desperdicios de alimentos con distintas iniciativas”, declaró Reyes Alfonzo.
Entre ellas, mencionó la educación a comerciantes mediante toda la cadena, hasta simplificar los procesos para facilitar las donaciones de alimentos en productos como las carnes.
También se ha establecido como meta reducir a 50% el desperdicio de alimentos para el año 2030.
“Nosotros sugerimos a la comisión que se explore la alternativa de integrarse a ese esfuerzo”, dijo.
El Banco de Alimentos de Puerto Rico, por medio de su directora ejecutiva Ivonne Bernard, presentó una ponencia parcial ante la comisión en la que declaró que “una de nuestras metas principales va a tono con el proyecto 1497 del senador Pereira, que es la mayor y mejor distribución de suplido de alimentos que llegan a nuestra organización y para ello contamos con la colaboración, trabajo y sacrificio de numerosas organizaciones sin fines de lucro”.
La agrupación tiene un sistema de monitoreo donde verifica el uso de los alimentos que se le otorgan a cientos de entidades, como iglesias de todas las denominaciones, e instituciones, como el Ejército de Salvación (Salvation Army), en toda la Isla y centros culturales como el de Cantera, en Santurce.
“Sabemos que el Departamento de la Familia (DF) también hace distribuciones de alimentos, pero desconocemos si se monitorea su entrega a las organizaciones, como nosotros hacemos en el Banco de Alimentos de Puerto Rico”, indicó Bernard
El senador Pereira insistió que “nuestra meta es que ningún puertorriqueño pase un día con hambre. Lo que estamos impulsando es promover una mayor y mejor distribución y suplido de alimentos entre la población, así como asegurar la integración y consideración de los aspectos legales en los esfuerzos gubernamentales para atender las necesidades sociales y alimentarias del país”.
Según el Negociado del Censo (de 2014), en Puerto Rico hay cerca de 1,650,000 personas viviendo bajo el nivel de pobreza, lo que equivale al 46.2% de la población total.
Los datos también muestran una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos necesarios para mantener una alimentación sistemática (tres comidas al día) y nutricionalmente balanceada.