La licenciada Berta Mainardi Peralta declinó la designación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para ser parte de la comisión que realizará la investigación sobre el programa de becas presidenciales.
La dimisión de Mainardi Peralta se da tras cuestionarse la imparcialidad de la investigación por los contratos que ha tenido por los pasados años con la Junta de Gobierno. Los contratos ascienden a más de $200 mil.
“Ante la importancia y seriedad que esta investigación conlleva para la institución, es indispensable que no se afecte la misma por cuestionamiento alguno sobre la legitimidad y constitución de los integrantes de la comisión. A los fines de evitar que este hecho se utilice para poner en duda la constitución de la comisión y los resultados de su trabajo investigativo, le informé a la junta mi determinación de abstenerme de formar parte de la misma”, expresó la licenciada.
A solo un día de la Junta de Gobierno haber anunciado los oficiales que investigarán el proceso de otorgación de becas presidenciales ya el equipo sufrió una baja, por lo que solo queda el licenciado Samuel Céspedes.
Miembros de la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se cuestionaron ayer la credibilidad de la investigación sobre la otorgación de becas presidenciales que realizan los oficiales nombrados por la Junta de Gobierno.
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El profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Emilio Pantoja, opinó que debieron ser tres oficiales investigadores y no dos, como anunció la junta.
“El problema es que son solamente dos y deberían haber tres por si acaso hay un impasse. Qué pasa si hay opiniones diversas. No habrá una tercera opinión que adjudique. Deberían haber al menos tres miembros. El problema es que constantemente estamos en la cultura de, como se dice en buen puertorriqueño, los cabros se van a velar las lechugas”, señaló el académico.
Por su parte, el Consejo General de Estudiantes del recinto riopedrense señaló que las personas contratadas para la investigación no tendrán independencia de criterio. “La Junta de Gobierno anunció la contratación de dos personas que realizarán la auditoría externa. Sin embargo, entendemos que no cuentan con la independencia de criterio para llevar a cabo la investigación”, sentenció Guillermo Guasp Pérez, presidente del organismo.
La otorgación de las becas presidenciales entró en controversia cuando se denunció que la convocatoria se dio de manera expedita limitando a muchos estudiantes que pudieron haber competido por la ayuda económica. Además, se señalan una serie de irregularidades en cómo se otorgaron las becas a tres estudiantes que guardan relación con la administración actual y la Junta de Gobierno del primer centro docente del país.