La jueza Isabel Llompart Zeno, directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) denunció en vistas públicas que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) está incumpliendo órdenes judiciales ante la falta de cupo en los hospitales psiquiátricos forenses.
“Según se nos informa, actualmente ambos hospitales psiquiátricos forenses han sobrepasado su capacidad, por lo que existen listas de espera para parte de las personas con respecto a las cuales se han emitido órdenes judiciales para ser internadas. Es decir, que no se están cumpliendo las órdenes de los tribunales”, dijo Llompart Zeno, durante su turno en vistas públicas.
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La administradora detalló, además, “que las personas sumariadas permanecen ingresadas en instituciones correccionales bajo la custodia del Departamento de Corrección. Señalamos que una institución correccional no es la medida menos restrictiva para gran parte de estas personas. Además el Departamento de Corrección no es la entidad gubernamental que tiene la encomienda estatutaria de prestar servicios de salud mental” .
Del mismo modo, Llompart Zeno subrayó que los psiquíatras forenses de la agencia han comunicado parte de los pacientes de los hospitales psiquiátricos están capacitados para recibir un tratamiento menos restrictivos en hogares licenciado por ASSMCA. “Nos obstante, también nos informan que hay lista de espera para el ingreso de personas en dichas instituciones, lo que retrasa que se desocupe el espacio en los hospitales psiquiátricos forenses”, aseveró.
Del mismo modo, la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI) presentó un informe que detalla el estado de las instalaciones del Hospital de Psiquiatría de Ponce. Entre los hallazgos, algunos de ellos documentados fotográficamente, se muestran instalaciones en avanzado estado de deterioro, se observaron pacientes compartiendo el mismo vaso desechable para tomar agua, pacientes féminas lavando su ropa interior en áreas comunes e informes de pacientes no actualizados por meses.
El coordinador del Programa de Salud Mental en la OPPI, Ángel Morales, destacó que en medio de una auditoria habían pacientes instalados con cama en el salón comedor en donde habían “pájaros de distintas especies volaban y compartían mesa con los pacientes que ingerían alimentos”. Además, denunció que la OPPI se entera de decesos por comentarios y no por informes oficiales.
“Estamos llegando al fondo de la crisis de salud mental en Puerto Rico. Luego de la presentación de la administradora de la Administración de Tribunales, junto al secretario del Departamento de Corrección y el demoledor informe del representante de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos vemos que estamos lejos de tener un sistema efectivo de servicios de salud mental en Puerto Rico. Vimos violaciones de ley por parte de la ASSMCA al no recibir pacientes referidos por la Administración de Tribunales, existe evidencia fotográfica de unas facilidades en un estado de deterioro vergonzoso y todo esto tiene que cambiar. Las vistas públicas continuarán hasta que demos con todas las soluciones que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes de salud mental”, concluyó la senadora Rossana López León, quien preside ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado en la que se investigan los servicios de salud mental a la población correccional.
