El juicio por la demanda interpuesta por la compañía estadounidense Walmart contra el Gobierno de Puerto Rico por la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 72, que eleva del 2 al 6,5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla, comenzó hoy en San Juan.
Neal Manne, abogado de Walmart que declaró en el primer día del juicio, señaló ante el magistrado federal José Fusté que la Ley 72 “impone la pena de muerte” a la multinacional en Puerto Rico dado el elevado aumento impositivo, que La Constitución de Estados Unidos es contraria a esa norma y que la Corte federal cuenta con jurisdicción para detenerla.
Las declaraciones de Manne, recogidas por medios locales, fueron respondidas por la abogada del Gobierno de Puerto Rico, Susan Seabrook, que señaló que la normativa no es discriminatoria y que la Justicia federal no tiene jurisdicción en este caso, que como dijo a su juicio debe quedar bajo el amparo de las cortes locales puertorriqueñas.
El responsable de tributación de Walmart Puerto Rico, Antonio Echevarría Villafañe, también declaró para señalar que el aumento impositivo le supondrá a la empresa en 2016 un pago extra a las arcas públicas de cerca de 6 millones de dólares, una cantidad que a su juicio afectará a la viabilidad financiera de la compañía en la isla caribeña.
Reconoció además, a preguntas de la abogada del Gobierno de Puerto Rico, que la empresa tienen atrasados sus estados financieros.
Walmart Puerto Rico interpuso el pasado 4 de diciembre una demanda contra el Departamento de Hacienda de la isla caribeña en la que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015, además de pedir la paralización de dicha normativa.
El Gobierno de Puerto Rico pide al tribunal que rechace el recurso de Walmart sobre la base de la Ley Butler, que establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para actuar en pleitos donde se cuestionan impuestos estatales.
Walmart alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal y la ley de relaciones federales, además de que la subida impositiva supondría para la multinacional pagar más impuesto que en cualquier otro lugar donde mantiene operaciones.
En la actualidad en Puerto Rico hay 55 establecimientos de la cadena, entre los que se encuentran Supermercados Amigo, Supercenter, Sam’s Club, Walmart y Súper Ahorros. En todos ellos trabajan unas 15.000 personas.
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