El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, planteó hoy la necesidad de aprobar legislación que garantice que los ciudadanos puedan conocer en un tiempo razonable si padece de alguna enfermedad crónica, para que puedan comenzar con prontitud el tratamiento que necesitan.
Perelló Borrás recordó que el rol del Estado de garantizar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad.
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“Al final del camino, es el sistema público quien tiene que atender las deficiencias de la Reforma de Salud y de las aseguradoras. Este proyecto da espacio para mejorar lo que tenemos que mejorar”, planteó.
Asimismo, el presidente cameral catalogó de lamentable que se tenga que legislar sobre un asunto que debe ser de alta prioridad para los encargados de velar por la salud del pueblo puertorriqueño y reiteró “que cada centavo que se destina a los servicios de salud tienen que ser para beneficio del paciente”.
Las expresiones de Perelló Borrás se produjeron durante la audiencia de la Comisión de Salud, presidida por la representante Lydia Méndez Silva, que evalúa el proyecto de la Cámara 2738, que crea la “Ley para el Pronto Diagnóstico de Enfermedades Catastróficas”.
La medida, radicada por petición por el Presidente de la Cámara, pretende proveer una herramienta para asegurar la salud y brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con alta sospecha de enfermedades incluidas en el Registro de Enfermedades de la Cubierta Especial del Departamento de Salud.
La legislación fue peticionada por Agnes “Linda” Alonso (QEPD), Áurea Lebrón y Paola Valcárcel, mediante la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara.
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Perelló Borrás explicó que conoció a Linda Alonso, y con ello, su dolor y su lucha para que le hicieran la prueba que certificara que ella tenía cáncer en el páncreas.
“Su tiempo de vida se redujo por no recibir el tratamiento a tiempo. Ella nos pidió que esto no le sucediera a ningún otro paciente y por eso se radicó el proyecto”, explicó el político.
Por ello, dijo que el proyecto quiere establecer un mecanismo ágil para acabar con los requisitos burocráticos que afectan la oportuna prestación de servicios y el inicio de tratamiento adecuado
