El representante del Partido Nuevo Progresista, Ángel Peña Ramírez, anunció la radicación de un proyecto de ley que obligaría a todo concesionario de venta de vehículos de motor a proveer una declaración al adquiriente de uno de estos, que no pesa sobre el mismo, ninguna carga o gravamen ni impuesto, deuda o sanción de multa administrativa pendiente de pago a la fecha de la firma del contrato de compraventa.
“Ha llegado a nuestra atención señalamientos que apuntan a que muchas personas que han comprado un vehículo de motor, especialmente los usados, reciben a los meses de haber adquirido los mismos, multas administrativas pendientes de pago, posiblemente, infracciones cometidas por pasados propietarios. Debido a la falta de capacidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para mantener al corriente sus registros de multas impuestas, gran cantidad de ciudadanos se han visto forzados a desembolsar considerables sumas de dinero para poder renovar las licencias de sus vehículos, a pesar de no haber sido los que cometieron las infracciones a la Ley de Tránsito.”, dijo Peña Ramírez en declaraciones escritas.
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“Pero peor aún, cuando un ciudadano acude al ‘dealer’ donde adquirió el referido vehículo de motor, sus encargados manifiestan no tener culpa, y tampoco asumen responsabilidad por vender uno que realmente se encuentre libre de carga o gravamen ni impuesto, deuda o sanción de multa administrativa pendiente de pago a la fecha de la firma del contrato de compraventa”, añadió el legislador por Las Piedras, Juncos y San Lorenzo.
Según un comunicado, se trata del Proyecto de la Cámara 2385, el cual enmienda los artículos 2.14 y 23.02 de la Ley 22-2000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que todo concesionario de venta de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres proveerá una declaración al adquiriente de uno de estos, que no pesa sobre el mismo, ninguna carga o gravamen ni impuesto, deuda o sanción de multa administrativa pendiente de pago a la fecha de la transacción.
Según explicó el representante novoprogresista, de existir alguna deuda al momento de la transacción, seria obligatorio que el concesionario satisfaga la misma.
La medida también facultaría al DTOP a emitir certificaciones de “no deuda”, libre de costo, que comprueben que en cierto momento determinado no pesan sobre un vehículo de motor ningún gravamen.
