Aníbal G. González Rodríguez y su esposa, Elizabeth Maldonado Pomales, tendrán que responder a las autoridades luego que un juez encontrara causa para arresto por apropiarse ilegalmente de una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, con las que realizaron sobre $800 en compras por Internet, que le pertenecía a un occiso.
Según se desprende de la investigación, González Rodríguez, quien se desempeñaba como supervisor de Investigadores Forenses del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), trabajó en la escena de la muerte de Julio Dávila Díaz, un hombre de 70 años que fue asesinado en medio de un robo domiciliario el pasado 17 de agosto de 2014 en Dorado. Días después, oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja fueron informados de una actividad anormal con el uso de las tarjetas del hombre fallecido.
Tanto González Rodríguez como Maldonado Pomales llegaron a comprar artículos a través de la Internet con las tarjetas obtenidas en la escena, incurriendo en fraude al apropiarse de la identidad del occiso y utilizar teléfonos celulares para realizar las compras. Fue la viuda de Dávila Díaz quien se percató que una de las tarjetas expedida por el Banco Santander de Puerto Rico había sido utilizada y dio parte a las autoridades. La otra tarjeta hurtada está vinculada a una cuenta a nombre del occiso en el banco Scotiabank.
Como resultado de este esquema, éstos se agenciaron $883 e intentaron apropiarse de $3,306 del patrimonio del occiso. Las tarjetas obtenidas ilegalmente fueron posteriormente destruidas, por lo que no pudieron ser ocupadas por las autoridades.
Por los hechos antes expuestos, el juez José H. Banuchi Hernández del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto en contra de la pareja por cargos de apropiación ilegal agravada, recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito, fraude informático, apropiación ilegal de identidad, utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito y destrucción de prueba.
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Además, contra González Rodríguez se imputaron cargos por revelación de secreto profesional, pues divulgó a sus familiares datos confidenciales de la investigación en curso por la muerte de Dávila Díaz. También, se presentaron denuncias por el archivo de documentos falsos al preparar un escrito con alegaciones falsas para que formara parte del expediente de la investigación en el ICF.
Finalmente, se le radicaron cargos por amenaza o intimidación a testigos, violación a la Ley de Armas y por violar la Ley de Ética Gubernamental, ya que llegó a amenazar e intimidar a uno de los testigos con un arma larga y utilizó sus deberes y facultades como empleado público para obtener beneficios no permitidos por ley. El hombre enfrenta un total de 15 cargos en su contra, mientras a su esposa se le imputan 10 cargos.
El magistrado le impuso una fianza global de $30,000 a González Rodríguez y de $20,000 a Maldonado Pomales. Ambos sujetos quedaron en libertad luego que sus fianzas fueran diferidas. Sin embargo, González Rodríguez tendrá que estar bajo supervisión electrónica por los cargos de amenaza y violaciones a la Ley de Armas, cuyas fianzas tendrá que prestar a través de un fiador o pago en efectivo. La vista preliminar fue señalada para el próximo 13 de enero de 2016.
La investigación de este caso estuvo a cargo de la fiscal Marie Díaz de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, en unión a la agente Nirka Burgos. Asimismo, contó con la asistencia de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia, la colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses y el peritaje de la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.