Un grupo de empresarios locales tronó ayer contra posibles cargos adicionales a los paneles solares en Puerto Rico que fue incluido en el proyecto del Ejecutivo que daría paso a la creación de la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La medida, que actualmente se discute internamente en el Senado y la Cámara de Representantes, también crearía la corporación para la revitalización de la corporación de la AEE.
PUBLICIDAD
No obstante, según Karla Zambrana, gerente general de la empresa Sunnova,
la pieza “incluye tres disposiciones que desincentivan el uso de la generación distribuida solar, haciendo más oneroso las operaciones de empresas dedicadas a la energía renovable en el país”.
“Nosotros no estamos en contra del proyecto de ley, estamos en contra de la manera en la que se trata la industria renovable dentro del proyecto. Pretende imponer una serie de cargos adicionales a los que ciudadanos que disfruten de la energía renovable”, explicó
Entre las medidas a la que se refiere la empresaria se encuentra el Artículo 24 del Proyecto del Senado 1523 que propone enmendar la Ley 114-2007, conocida como la Ley para Autorizar a la AEE y, en cambio, establecer un Programa de Medición Neta, para eliminar completamente la prohibición de “cobrar un cargo adicional o aumentar su tarifa mensual de consumo de energía eléctrica al cliente que opte por conectar su equipo solar eléctrico, molino de viento u otra fuente de energía renovable al sistema de transmisión y distribución de esta corporación pública”.
Asimismo, según Zambrana, el proyecto propone que la AEE puede “cobrar al cliente la electricidad que le suministró así como el cargo que la comisión de energía apruebe como parte de las tarifas de la autoridad por concepto de demanda del servicio de la AEE”.
La tercera medida a la que se refiera la empresaria fue que obligaría a la AEE a acreditar al cliente el costo de producción equivalente al costo marginal por la totalidad de la producción del sistema de generación instalado por el este, tanto el que utiliza para su propio consumo, como el exceso que exporta a la autoridad”.
PUBLICIDAD
Sin embargo, el dato que más preocupa a Zambrana es que las tres propuestas del proyecto no indican de manera clara cuánto serían los cargos adicionales que impondrían cada una de las disposiciones ni cuanto se espera recaudar con esas medidas.
“No hemos podido hacer cálculos como están redactado no se específica. Es un área totalmente gris en la cual no se dice si es un porciento, si es un cargo fijo o un solo cargo en el momento de interconexión, si es un centavo por kilovatio producción… no hay trasparencia de cómo se calcularía esos cargo adicionales”, detalló Zambrana.
La denuncia también fue abrazada por Marc Roumain, director de Windmar, quien precisó que estas propuestas van en contra de Ley 82 que, en 2010, estableció que será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico diversificar las fuentes de electricidad y la infraestructura energética mediante la reducción de nuestra dependencia de fuentes de energía derivadas de combustibles fósiles, para reducir y estabilizar nuestros costos energéticos, así como controlar la volatilidad del precio de electricidad en Puerto Rico.
Ambos empresarios sostuvieron que no entienden el propósito de la medida, pues el sector de la energía renovable solo representa 1 % de la energía que se produce en Puerto Rico, por lo que “no serían amplios recaudos”.
Te invitamos a leer estas notas:
