Mientras el Gobierno celebró ayer el acuerdo que alcanzó con Rosa Lydia Vélez por una demanda de hace 35 años debido a la falta de servicios de educación especial para su hija, el pleito de clase que lleva su nombre sigue vivo y le cuesta $10 mil diarios al Departamento de Educación (DE).
“El pleito de clase que lleva el nombre de Rosa Lydia Vélez sigue vivito, sigue en una fase de cumplimiento, en espera de que el Departamento de Educación cumpla y que la monitora evalúe y se determine si se le siguen aumentando las multas o termina el proceso. El caso está vivo, aquí no ha pasado nada. Aquí lo que tiene que ver con la indemnización de Rosa Lydia Vélez es único y personal, que solo le impacta y le afecta a ella”, dijo a Metro Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos.
En noviembre del año pasado, una jueza determinó aumentar las multas al DE de $2,000 a $10,000. “Si el Departamento de Educación sigue en incumplimiento, le seguirán aumentando las multas. Además, los funcionarios que traten de dilatar que se dé alguna sentencia podrían enfrentar un desacato”, detalló Warren.
Para Warren, el acuerdo que alcanzó Vélez con el Gobierno deja la puerta abierta para que otros padres sean indemnizados por los daños sufridos por la falta de servicios. “Es una transacción que ella misma tomó. Rosa Lydia Vélez, por derecho propio, hizo esa reclamación; ella no utilizó abogado y determinó aceptar la oferta que le dieron y a mí me parece muy bien. Ella está satisfecha”, apuntó la portavoz del Comité Timón, quien señaló que esta no es la primera vez que se le indemniza a una familia afectada por la falta de servicios.
El pacto entre Vélez y su hija Isamar con el Gobierno en el pleito de daños establece que serán indemnizadas con un pago de $125 mil. En este tipo de litigio hay un tope de $75 mil por persona y $150 mil por familia.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo que el acuerdo que se logró con Vélez representa cambios de miras muy importantes. “El mismo es la prueba de que nuestra administración tiene el firme compromiso de concentrar los recursos y esfuerzos del Estado en brindarle mejores servicios a esta población. Queremos un país justo, con igualdad de derechos y oportunidades para todos, en el que cada persona sienta que puede realizar sus sueños a cabalidad”, dijo el primer mandatario en declaraciones escritas.
Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, expresó que “durante 35 años, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enfocó en establecer estrategias de litigio para intentar prevalecer en este pleito. Sin embargo, desde mi llegada al Departamento establecí claramente que este tipo de reclamo no puede verse como uno estrictamente legal y, por lo tanto, adversativo. El reclamo de doña Rosa Lydia Vélez es también el reclamo de Isamar y de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que necesitan de servicios de educación especial. Siempre vi este caso como uno de justicia social y me enorgullece haber contraído este acuerdo que hoy nos permite mirar hacia el futuro con la esperanza y el compromiso renovados para con esta población”.
