Representantes proponen enmendar la Constitución para renegociar la deuda

Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
La cifra
$700-$800 millones

Es la cantidad de dinero que allegarían dos propuestas que apoyan los representantes para mejorar los ingresos del fisco sin afectar la ciudadanía. Aseguran que estas representan más de la mitad de los recaudos que se esperan con la reforma contributiva.

En momentos en que se discute una reforma contributiva en la Legislatura y que los recaudos del país están por debajo de los estimados, tres representantes del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron una resolución concurrente para realizar una consulta al pueblo de Puerto Rico y establecer un mecanismo constitucional que permita la renegociación de la deuda del Gobierno y las corporaciones públicas, que no menoscabe o subordine a ella otras prioridades de desarrollo socioeconómico.

Los representantes Luis Vega Ramos, Manuel Natal y Luis Raúl Torres consideran importante establecer un mecanismo viable para renegociar la deuda luego de que el Tribunal Federal en la isla declarara inconstitucional la Ley 71 de “quiebra criolla” y ante la oposición republicana de permitir la inclusión de Puerto Rico en la protección del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, como establece un proyecto del comisionado residente, Pedro Pierluisi.

“El único gasto del Gobierno que va en un ascenso vertiginoso es el pago de la deuda… Las otras maneras que hemos intentado para establecer un régimen para renegociar la deuda han recibido oposición. La Ley 71 fue declarada inválida por el juez federal Francisco Besosa y el proyecto del comisionado residente enfrenta oposición”, indicó Vega Ramos, que considera que nos restaría la alternativa de establecer ese mecanismo por la Constitución.

“Esa renegociación es buena para los bonistas porque, en la medida en que Puerto Rico pueda invertir más, va a haber los recursos para pagarles lo que se les debe”, agregó el representante, que evaluaría la resolución concurrente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que él preside.

Aunque hay un riesgo de que haya demandas de los bonistas por incumplimiento del contrato y el repago de su préstamo, para los representantes es importante que no se pongan en peligro los servicios que el país necesita para solo pagar deuda.

“Los acuerdos alcanzados con nuestros bonistas se realizarán mediante mecanismos que ya han probado ser efectivos en otras jurisdicciones, a través de la sustitución de nuevos bonos por los viejos, a plazos y tasas de interés que se circunscriban a la realidad económica que enfrentamos en el país”, explicó Natal.

Proponen medidas de recaudos alternas a la reforma contributiva

De la mano con esta resolución concurrente, los legisladores presentaron un proyecto de ley para allegar sobre $200 millones al fisco que, junto con otra medida de Natal, redundarían en “$700 u $800 millones adicionales” al fondo general, por lo que “en conjunto, superan el 50% de los recaudos adicionales que aspira recaudar el Ejecutivo con la reforma contributiva que ha tenido a bien proponerle al país”, dijo Torres.

La medida impondría una contribución especial a aquellas empresas con ventas brutas anuales de más de $600 millones. Esto se haría a través de una sobretasa aplicable a las empresas con ventas brutas de este nivel, similar a la patente nacional o por el aumento al 6 % de la contribución por las ventas que estas empresas hacen entre sus matrices o subsidiarias (transfer pricing).

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 2032 del representante Natal establecería una aportación especial de 1.5 % sobre la repatriación de capital de las empresas foráneas en la isla, que se estima recaudaría $500 millones. Este proyecto tiene un informe positivo de la Comisión cameral de Hacienda, pero no ha sido llevado a votación en la Cámara.

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