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Industria de alimentos se opone al IVA y a la reforma contributiva

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Representantes de la industria de alimentos se opusieron hoy a la reforma contributiva como está redactada, ya que, en el caso de los que venden alimentos no procesados (supermercados y otros), aunque estén exentos del impuesto al valor agregado (IVA) de 16 % en la venta tendrían que pagarlo en las transacciones comerciales con otras empresas, lo que encarecería sus gastos operacionales.

Pero es el sector de los alimentos procesados (restaurantes, cafeterías) el que más se vería afectado, porque, según la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la aplicación del IVA en sus ventas podría provocar el cierre de 97 establecimientos y la pérdida de 1,413 empleos directos. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el economista Ramón Cao en un informe comisionado por la organización.

“ASORE se opone a cualquier impuesto adicional a la industria de restaurantes”, manifestó durante una vista pública de la Comisión cameral de Hacienda el presidente de la Junta de Directores de la organización, Rey Vega, quien señaló que en 2007 la imposición del impuesto a la venta y uso (IVU) provocó “un abrupto descenso” en las ventas de la industria de alimentos procesados.

Por un lado, Vega planteó que el IVA de 16 %, al que llamó “IVU agrandado”, representara un “incremento de 9 % en los costos operacionales de los comercios”, el cual no podría ser aliviado con créditos porque los alimentos no procesados están exentos del impuesto. Por otro lado, los consumidores tendrían que pagar su propina con el aumento que provoque el IVA, ya que no podrá estar desglosado en las facturas, lo que podría derivar en una merma en las ventas y en las propinas que dejan los clientes.

Al igual que ASORE, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Industriales del Pan (AIPPR) y la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR) coincidieron en la necesidad de que se desglose en los recibos el IVA para dar transparencia al proceso y porque podría provocar problemas a la hora de cobrar alimentos a las personas que reciben ayudas federales. Tendrían que restarles el 16 %, cuando hoy en día simplemente no cobran el IVU.

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Para el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, aunque es adecuado imponer mayor peso al consumo, esta reforma contributiva “puede ser peor que la patente nacional”, ya que no permite que los comercios que venden alimentos no procesados exentos reciban créditos por el IVA que pagan en las transacciones entre comercios (B2B). Además de que para recibir los reembolsos que les aplican tendrían que radicar cada mes un documento a Hacienda, y dudan que la agencia tenga la capacidad para generarlos en tan poco tiempo.

Al presidente de la AIPPR, Néstor Rivera, también le preocupa que se pretenda imponer de un día para otro un impuesto de 16 % a bienes y servicios que ahora no tributan, como la renta comercial, lo que provocaría, según sus cálculos, un aumento de al menos $320 adicionales cada mes en las rentas de las panaderías. “Si no se puede reclamar el crédito, el costo de elaboración aumenta”, agregó.

Las organizaciones coincidieron en la necesidad de que en la reforma contributiva se incluya, además, una reforma en Hacienda, una reducción de gastos, un desglose del uso que se le pretende dar a los nuevos ingresos y una reestructuración gubernamental, reclamo que ha sido constante en las vistas públicas de la medida.

Afirman que vinos tributarían doble

Por otro lado, la Asociación de Productores de Vinos y de Licores de Puerto Rico aseguró que al aplicar el IVA a los vinos producidos localmente provocarían que tributen doblemente, ya que “estos vinos actualmente están sujetos a arbitrios, al igual que lo están los productos derivados del petróleo y los vehículos”, dijo el vicepresidente de la entidad, Antonio García.

Cámara atenderá sus preocupaciones

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que atenderá los reclamos de las organizaciones en lo que respecta las transacciones entre comercios (B2B) para evitar que encarezcan los precios de sus servicios.

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