Tenemos un serio problema con la basura: generamos mucha, reciclamos poca y el resto la enterramos. La que termina en la tierra yace en vertederos que, salvo por un puñado de instalaciones, no cumplen con los más básicos requisitos de la Agencia para la Protección del Ambiente federal (EPA, por sus siglas en inglés).
A menudo, estos vertederos se incendian, lanzando gases tóxicos al ambiente sin ningún tipo de filtro y contribuyendo así al cambio climático. Cada segundo vierten lixiviados nocivos a la salud humana a cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Ante esta realidad, la mayoría de los vertederos —más de una docena— cerrarán en poco tiempo ante las exigencias tanto del Gobierno estadounidense como del sentido común.
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A partir de mayo de 2008, con la publicación por parte de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) de su “Itinerario dinámico para proyectos de infraestructura”, se viene discutiendo en Puerto Rico la posibilidad de establecer plantas para convertir parte de nuestros desperdicios sólidos en energía. Dicho documento de política pública, elaborado luego de años de estudio por reconocidas autoridades en el campo, establecía como prioridad gubernamental la construcción de dos plantas que estarían en operación a más tardar el 2013.
La única planta que actualmente está en desarrollo, y que ubicaría en Arecibo, enfrenta ahora una vocal oposición por parte de un pequeño grupo de personas. Alegan que no ha habido suficiente tiempo para evaluar el proyecto, ignorando así que la política pública de la ADS está por cumplir siete años y que la planta bajo evaluación ha sido objeto de múltiples estudios, declaraciones de impacto ambiental, impugnaciones legales y vistas públicas, y aun así ha logrado el aval de la EPA —aval que no tienen los vertederos— y de la Junta de Calidad Ambiental.
Argumentan que la planta obraría en detrimento del reciclaje, ignorando así que llevamos más de veinte años con un requerimiento legislado de alcanzar una tasa de reciclaje del 35 % y que apenas llegamos al 15 %. Optan también por hacerse de la vista larga cuando la propia ADS, en el referido documento, indicó que “la experiencia ha demostrado todo lo contrario. En muchas comunidades que utilizan estas tecnologías han alcanzado tasas de reciclaje y reuso mayores que en otras que no las utilizan”.
Por último, alegan que este tipo de tecnología no está en uso en la actualidad, aun cuando la ADS nuevamente los refutó al indicar que “[e]n los EE. UU. las 63 instalaciones de este tipo que existen se encuentran operando de forma exitosa. Por primera vez en los últimos diez años se están planificando nuevas instalaciones, las existentes se están expandiendo y las cerradas están reabriendo”.
Aun ante estos hechos de fácil constatación, una coalición extraña de opositores continúan haciendo las mismas críticas vacías. Algunos en los medios han estado dispuestos a darles foro a estos argumentos desacreditados, ya que, al aspirar ciegamente a la imparcialidad, hacen caso omiso a su deber de encontrar la verdad, algo así como publicar un artículo con dos “expertos” debatiendo si la Tierra es plana.
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En cambio, deberíamos exigirles a quienes pretenden ser obstáculo el mismo grado de responsabilidad que les exigimos a quienes plantean una solución. Preguntémosles por qué un operador de vertederos auspició la conferencia de “basura cero” que se celebró aquí recientemente, por qué paga las pautas radiales de grupos opositores y por qué su abogado se persona para asesorar a los deponentes en las vistas públicas. Y por supuesto, exijamos que defiendan el statu quo —los peligrosos vertederos— o si no que presenten alternativas reales para esta crisis. ¿O será que quieren que nos pongamos la basura de sombrero?
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