Víctima de abuso por parte de sacerdote rechaza pesquisa civil

Por Inter News Service

Una de las personas abusadas sexualmente por uno de los seis sacerdotes expulsados de la diócesis de Arecibo solicitó intervención en el pleito sometido por obispado del municipio contra Justicia y pidió al Tribunal de San Juan que no se difunda su identidad, datos ni antecedentes personales.

El recurso apela a su derecho constitucional a la privacidad, intimidad y respeto a su dignidad humana, así como a su derecho al libre ejercicio de su religión católica y a su derecho a que no se divulguen sus comunicaciones confidenciales con la iglesia.

El afectado, en la petición, también solicita que no se divulguen las comunicaciones confidenciales sostenidas con miembros del clero religioso del Obispado de Arecibo dentro de los procedimientos eclesiásticos internos de la Iglesia Católica, que culminaron en la expulsión del sacerdote.

En la demanda sometida por el abogado Manuel Martínez Umpierre se identifica al perjudicado con las letras DJMG y se alega que tiene 23 años y que fue objeto de abuso sexual por un exsacerdote de la Iglesia Católica en Arecibo cuando tenía entre 12 y 15 años.

Además, se alega que el perjudicado denunció el asunto ante el Obispado de Arecibo, “pues como persona creyente en los preceptos dogmáticos y religiosos de la Iglesia Católica entendió que este asunto debía resolverse internamente, dentro del seno de la Iglesia Católica, y a base de sus postulados de fe religiosa regulados por el derecho canónico”.

El perjudicado señala en su demanda que “no le interesó, ni le interesa en la actualidad, que este asunto sea investigado y procesado por las autoridades civiles del gobierno de Puerto Rico”.

El recurso indica que “los hechos en que se vio involucrado constituyeron una experiencia desagradable, que no le interesa volver a recordar ni revivir, y de cuya experiencia se ha podido sobreponer, habiendo dado el asunto por concluido y resuelto”.

Expone, asu vez, que “no le interesa volver a dilucidar este asunto y, mucho menos, bajo los procedimientos penales del gobierno de Puerto Rico. Su único interés en este asunto era que se penalizara al sacerdote por violar los postulados de la Iglesia Católica”.

La persona solicita así al Tribunal que proteja y no permita la divulgación de su identidad y de sus comunicaciones confidenciales sobre este asunto, para no verse “expuesto al escarnio público, a afectarse su intimidad, su dignidad e integridad como ser humano y su reputación ante la comunidad”.

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