La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, siglas en inglés) reveló que las estaciones de bombas de la Baldorioty de Castro, de Diego y la parada 18 de Santurce, que pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), han descargado aguas usadas no tratadas a la laguna Los Corozos, el océano Atlántico y al caño Martín Peña.
La agencia federal comenzó una investigación en 2005 contra el DRNA y el gobierno puertorriqueño, tras identificar descargas no permitidas en los cuerpos de agua.
PUBLICIDAD
Específicamente, se habrían violado las secciones 301, 308 y 309 (a) del “Clean Water Act” que prohíbe la descarga de químicos y sustancias contaminantes hacia aguas de Estados Unidos.
Durante la intervención, la agencia federal emitió una orden administrativa y solicitó información adicional para que se investigara esta situación que afecta a los residentes de la zona y el ambiente.
El informe presentado por la EPA afirma que la dependencia gubernamental falló en múltiples ocasiones, ya que no pudo conducir el monitoreo a las aguas como se requirió.
Posteriormente, tras casi un año del comienzo de la investigación, en 2006 la agencia federal emitió una segunda advertencia contra el DRNA.
En ese contexto, el informe revela que Recursos Naturales y Ambientales reclamó que las plantas de filtro eran dirigidas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el municipio de San Juan, por lo que no tenían información sobre la contaminación.
PUBLICIDAD
En 2007, la dependencia federal presentó su reporte final, que se realizó con varias muestras de los cuerpos de agua y en las que se identificó la presencia de amonía, detergente, potasio, cafeína y heces fecales.
Además, los funcionarios federales durante sus inspecciones identificaron aceite y gasolina, que presuntamente se origina de una de dos gasolineras Gulf ubicadas cerca de la estación de bombas de la Baldorioty de Castro.
Se estima que de un 22 a 44 por ciento de aguas contaminadas llegan a la laguna Los Corozos, océano Atlántico y al caño Martín Peña, por lo que se ven afectadas comunidades como Playita, donde residen poco menos de un millar de personas, y la Península de Cantera.
De acuerdo con la EPA, las aguas usadas podrían afectar la salud de los residentes y el ambiente, ya que contienen bacterias, virus, parásitos, gusanos intestinales y hongos.
Entre algunas de las enfermedades que podrían causar estas bacterias se encuentran gastroenteritis, cólera, disentería, infecciones y hepatitis.
Tras un acuerdo entre las dependencias gubernamentales estatales y federales, en 2008 se estableció que el DRNA debe pagar una multa de 670 mil dólares.
Igualmente, deberá eliminar toda agua no tratada y contaminada de las plantas de filtro y establecer una plan y coordinación con el municipio de San Juan para tratar y asistir a las comunidades que se afectaron.
Asimismo, la EPA requirió a Recursos Naturales y Ambientales a determinar el origen del petróleo que se identificó en las aguas de la estación de bombeo de la Baldorioty de Castro.
También la dependencia gubernamental tendrá que adiestrar a los operadores de las estaciones para que conduzcan inspecciones visuales de las aguas.
