Sin mediar consulta, los puertorriqueños y puertorriqueñas nos convertimos en vigilantes de los movimientos democráticos de América Latina en el transcurso de, al menos, las últimas seis décadas, al ser usado como un importante centro de espionaje sublevado a los intereses de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del Gobierno de Estados Unidos.
El detalle de esta operación, divulgado en un excelente reportaje periodístico publicado esta semana por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) bajo la firma del reportero Waldo Cobas Quevedo, confirma muchas de las denuncias que se han hecho en el pasado y que ahora son corrobo radas por las declaraciones del extécnico y espía estadounidense Edward J. Snowden.
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Bajo los designios de los imperios, las colonias, como la nuestra, no tienen alcance político para decidir sobre sus terrenos e instalaciones cuando se refiere al manejo de las telecomunicaciones. Menos si consideramos el control del espacio aéreo y marítimo para preservar la seguridad y la movilidad nacional.
Por eso, Estados Unidos, a espaldas de la ciudadanía, pero muy probablemente en contubernio con los Gobiernos de turno, desarrolló una estructura de espionaje que desde nuestra Isla manejó una operación de acecho y vigilancia en coordinación con estaciones análogas en Brasilia, Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Panamá, disponiendo de programados tecnológicos de alto alcance.
En el reportaje del CPI, que puede ser examinado en su portal www.cpipr.org, se citan reseñas periodísticas sobre documentos divulgados por Snowden que develan las acciones de acecho que se armaron desde las instalaciones de la base naval de Estados Unidos situada en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja.
Estos operativos, que también han sido relatados en diarios de Brasil, España e Inglaterra, y que ya se han reproducido en medios informativos de Argentina, Venezuela y Cuba, entre otros, servían para coordinar acciones ilegales con oficinas militares ubicadas en otros países del hemisferio.
El resultado, anota el reportaje del CPI, ha sido la interceptación de “miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y de texto y comunicaciones por Internet privadas”.
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Esto es, sin dudas, una impresionante red de espionaje de telecomunicaciones contra ciudadanos que, además de atentar contra los derechos civiles de estos, infringe la jurisdicción de sus países.
En la investigación del CPI también se indica “que la NSA intensificó las interceptaciones en Colombia y Venezuela, donde usaba el programa Boundless Informant mientras el presidente Hugo Chávez agonizaba de un cáncer incurable en meses recientes”.
Esta acción, más allá de socavar la seguridad venezolana, saca a la superficie la perversidad política del imperio estadounidense en su afán por mantener dominio total en el mundo.
El CPI señala, además, que por las denuncias de Snowden ha quedado al descubierto que Brasil y Colombia han sido los países contra quienes la NSA ha lanzado la mayor ofensiva para intervenir comunicaciones telefónicas y cibernéticas, muchas de ellas rastreadas desde nuestro suelo.
Llama la atención, sin embargo, la poca importancia que los medios corporativos puertorriqueños han mostrado sobre este asunto al manifestar cautela en la divulgación de esta investigación que, por su trascendencia, debería ocupar las primeras planas de informativos impresos y electrónicos.
Asimismo, esperaríamos por algún pronunciamiento gubernamental al respecto. Algo así como una petición a las autoridades estadounidenses, una explicación sobre esta afrenta contra el pueblo puertorriqueño que no ve como enemigos a los Gobiernos hermanos de nuestra Latinoamérica.
Ya los Gobiernos de Brasil y Colombia han exigido cuentas a Estados Unidos, como debe ser. Y los colonialistas puertorriqueños…¿se atreverán a pedir explicaciones o justificarán las acciones indebidas de la metrópoli?
