La Corte Suprema de Estados Unidos resolverá en los próximos dos meses seis casos de inmigración, y sus fallos podrían revelar cómo evalúan los magistrados las medidas del gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria, en especial el incremento de las deportaciones.
Algunos de esos casos podrían decidirse incluso el lunes, cuando los jueces del máximo tribunal se reúnan para emitir opiniones sobre casos que se discutieron en los últimos seis meses.
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Los fallos podrían indicar si los jueces romperán con la tradición de otorgar al presidente y al Congreso amplia discreción en la forma como manejan la inmigración, y qué papel pueden jugar las políticas administrativas, como la propuesta para restringir la entrada a Estados Unidos de residentes de seis países mayoritariamente musulmanes.
El presidente Donald Trump se ha comprometido a aumentar las deportaciones, en particular de personas que han sido condenadas por delitos, pero las decisiones que tome la Corte Suprema a favor de los inmigrantes en los casos pendientes “podrían hacer que sus planes sean más difíciles de realizar”, dijo Christopher Hajec, director de litigios en el Immigration Reform Litigation Institute (Instituto de Litigios para la Reforma Migratoria). Este organismo generalmente apoya las acciones de inmigración del nuevo gobierno, como las restricciones de viaje.
Durante casi un siglo, la corte sostuvo que, cuando se trata de inmigración, la Casa Blanca y el Congreso “pueden salirse con la suya, con cosas con las que regularmente no podrían”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Temple Peter Spiro, experto en leyes de inmigración. “El tribunal ha dicho explícitamente que en cuanto a la inmigración, la Constitución se aplica de manera diferente a otros contextos”.
Dos casos de inmigración en manos de la corte ofrecen a los jueces la posibilidad de reducir la deferencia que los tribunales han dado tradicionalmente a otros poderes del gobierno en este asunto.
Uno de los casos es una demanda colectiva presentada por inmigrantes que han pasado mucho tiempo detenidos, incluidos muchos que son residentes legales de Estados Unidos o que están solicitando asilo. El tribunal está evaluando si los detenidos tienen derecho a audiencias judiciales.
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En el otro caso, el tribunal dirime una impugnación a una ley federal que facilita que los niños nacidos fuera de Estados Unidos puedan conseguir la ciudadanía estadounidense si su madre la tiene, pero que lo dificulta si es su padre el que es ciudadano de Estados Unidos.
Incluso después de la legislación de 1986, los hijos de padres estadounidenses enfrentan más obstáculos al tratar de conseguir la ciudadanía para sí mismos.
Ambos casos fueron analizados antes de que Trump asumiera la presidencia en enero. El gobierno de Barack Obama se opuso a las demandas de los detenidos y a la impugnación de la ciudadanía.
Spiro dijo que incluso si los jueces no han cambiado de opinión, el contexto sí.
“La corte tiene que ser consciente de cómo estos fallos se van a aplicar ante las medidas adoptadas por Trump”, señaló Spiro.
Las decisiones que tomen los jueces pueden afectar directamente a las personas que están bajo la mira de las autoridades de inmigración para una deportación rápida o una expulsión acelerada, así como a los inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y a quienes el gobierno de Obama les ofreció protección contra la deportación, dijo Steven Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas.
“Un asunto pendiente en la ley de inmigración es qué tanta autoridad tiene el gobierno y qué tanta fuerza tiene la Constitución como limitante”, señaló Vladeck.
Para Trump, un factor importante es la amplitud que tenga la discrecionalidad del presidente, agregó. “Este aspecto es central para muchas de las cosas que el gobierno de Trump pretende hacer”, agregó.
Otros casos implican aspectos específicos de la ley de inmigración en los que los fallos concederán plena libertad o restringirán a las autoridades migratorias que pretenden deportar a personas condenadas por ciertos delitos.
En un caso, un inmigrante mexicano enfrenta la deportación después de que lo condenaran en California por tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y que era tres años menor que él.
La acusación abarcó un periodo antes y después de que el hombre cumpliera 21 años, cuando la mujer, su novia, tenía 16.
Lo ocurrido es un delito en California, pero no en la mayor parte del resto del país, y el inmigrante afirma que su caso no debería considerarse como la violación de una menor de edad, lo cual le significaría la deportación, de acuerdo con la ley migratoria.
En otro caso, un inmigrante condenado por robo a casa habitación ha impugnado una disposición de la ley de inmigración que considera que ese delito tiene la gravedad suficiente para que se aplique la deportación inmediata.
Diversas cortes federales de apelación han fallado a favor de los inmigrantes que han impugnado la vaguedad de la disposición.
