CARACAS – El gobierno y la oposición volvían a medir fuerzas el lunes en las calles con marchas en la capital venezolana y otras ciudades en medio de un clima tensión política y creciente espiral de violencia que generan preocupación en la comunidad internacional que aboga por una salida negociada a la crisis.
En medio de las celebraciones por el Día del Trabajador, la alianza opositora llamó a masivas movilizaciones contra el gobierno que partían desde el este y oeste de la capital y que buscan llegar a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.
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Horas antes del inicio de las marchas, algunas de las principales autopistas que comunican el interior del país con la capital presentaban fuertes congestionamientos de vehículos generados por los puntos de control que instalaron los cuerpos de seguridad en las vías. De igual forma, las autoridades anunciaron el cierre de una treintena de estaciones del metro por medidas de seguridad.
Los bloqueos parciales de las vías de acceso a Caracas y el cierre de las estaciones del metro fueron rechazados por el dirigente opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, que acusó al gobierno de poner “obstáculos” para afectar la marcha opositora.
Desde que comenzaron las protestas, a finales de marzo, la oposición ha intentado infructuosamente marchar hacia el centro de la ciudad, donde están las sedes del gobierno y el resto de los poderes públicos, pero los cuerpos de seguridad les han bloqueado el paso y han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
El oficialismo también convocó este lunes a una gran marcha en el centro de la capital en apoyo al gobierno de Maduro, que enfrenta las tensiones política en medio una crisis económica, con una desbordada inflación de tres dígitos y una severa escasez de alimentos y medicinas, que ha golpeado la popularidad del mandatario que ronda 20%.
Maduro reiteró la víspera las acusaciones contra la oposición a la que señaló de dirigir actos violentos y promover un golpe de estado.
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El gobernante hizo un llamado a la coalición opositora a retornar al proceso de diálogo que está estancado desde diciembre luego que la oposición acusó a las autoridades de incumplir algunos puntos del acuerdo relacionados con la convocatoria a elecciones y la liberación de los presos políticos.
En medio del creciente descontento contra el gobierno, Maduro anunció el fin de semana un incremento a partir del primero de mayo de 60% del salario mínimo, que llegó a 200.000 bolívares (unos 278 dólares).
Los comentarios del mandatario sobre el proceso de diálogo coincidieron con una declaración que ofreció el Papa Francisco en la que pidió condiciones claras para las conversaciones, y manifestó inquietud por la situación de violencia que enfrenta el país, que ha dejado como saldo 29 muertos y más de 400 heridos durante las protestas callejeras que se han extendido por un mes.
El pontífice llamó a las partes a evitar cualquier ulterior forma de violencia, que se respeten los derechos humanos y se busque una solución negociada a la crisis.
Al agradecerle al Papa su preocupación por Venezuela, Capriles celebró el domingo que el pontífice rectificara su opinión sobre la oposición, a la que señaló de estar dividida, y reiteró que los sectores adversos al gobierno se mantendrán en las calles hasta que el gobierno acceda a llamar a elecciones generales, abra un canal humanitario, libere a los presos políticos y respete a la Asamblea Nacional.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay se sumaron a las expresiones del Papa, y pidieron el cese de los actos violentos, la definición de un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos y la plena restitución de las prerrogativas de la Asamblea Nacional.
Las tensiones políticas se agitaron en Venezuela a finales de marzo a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en las asumió las competencias legislativas de Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes pero las protestas aún no han cesado.
