La Casa Blanca ha autorizado la construcción de un nuevo centro de detención de inmigrantes valorado en 110 millones de dólares en la ciudad de Conroe, cerca de Houston (Texas), como parte de un contrato de diez años de una empresa privada con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), informaron hoy medios locales.
La cárcel estará terminada a finales de 2018 y generará unos ingresos anuales de 44 millones de dólares para GEO Group, la compañía privada que anunció el levantamiento del nuevo centro en un comunicado del que hoy se hicieron eco medios locales. “Estamos encantados de haber podido aprovechar nuestra larga asociación con ICE para ayudar a la agencia a satisfacer sus necesidades de camas de detención que cumplen con los estándares del gobierno federal”, indicó en el mismo documento George C. Zoley, presidente y director ejecutivo de la empresa con sede en Florida. Grupos de defensa de inmigrantes aseguraron que la medida señala el inicio de los esfuerzos del presidente, Donald Trump, para expandir las detenciones y comenzar a acelerar las deportaciones de millones de inmigrantes indocumentados en el país. De hecho, parte de la orden ejecutiva sobre inmigración que el mandatario redactó el pasado 25 de enero reclamó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) un aumento de número de camas para inmigrantes indocumentados sujetos a ser deportados. “No estamos sorprendidos por el hecho en sí, pero estamos profundamente decepcionados de que la intención real de la actual administración sea llenar los bolsillos de la industria privada de las cárceles”, apuntó en declaraciones a Efe Sofia Casini, coordinadora de Programas de Inmigración de Grassroots Leadership, una asociación de ayuda a los inmigrantes. Asimismo, la activista aseguró que no hacen falta más centros de detenciones en la nación y recordó que su organización continuará monitoreando el número de cárceles y abogando por el eventual cierre de las mismas. Esta nueva instalación se sumará a la fuerte presencia del Grupo GEO en Texas, que cuenta con más de una docena de instalaciones, entre cárceles locales y centros de detención más grandes, según su propia página web. Según datos del grupo de defensa de inmigrantes, los contratos con compañías privadas de prisiones les cuestan a los contribuyentes cerca de 160 dólares diarios debido a un “sistema de cuotas” para los centros entre 30.000 y 34.000 camas de capacidad. Grassroots presentó una demanda a principios de 2016 después de que el centro de Karnes (Texas) recibiera una licencia para operar como guardería por parte del Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas. Este centro, también propiedad del grupo GEO, alberga a cientos de mujeres y niños que formaron parte de la oleada de inmigrantes indocumentados de Centroamérica que comenzaron a llegar a Texas en números récord hace cuatro años. A consecuencia de la acción legal de Grassroots Leadership, un juez de Texas bloqueó entonces la licencia otorgada a este centro de detención, que cuenta con 2.400 camas.
