CARACAS — El dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, anunció el viernes que fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General para participar en eventos electorales por 15 años a raíz de un proceso administrativo que le abrieron por presuntas irregularidades en la gobernación de estado Miranda, que dirige.
Capriles escribió en su cuenta de Twitter: “se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años”, pero no ofreció más detalles.
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La decisión de la Contraloría General, señalada de estar controlada por el gobierno, afecta a uno de los líderes clave de la oposición: Capriles ha dirigido en la última semana las protestas contra el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que han dejado hasta el momento un fallecido y varias decenas de heridos.
El dirigente también impulsó el año pasado un referendo revocatorio del mandato de Maduro, que fue suspendido por decisión de las autoridades judiciales y electorales.
La Contraloría General, que tiene a su cargo el control y revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la decisión.
Capriles, de 44 años, fue candidato de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2012 en las que resultó ganador el fallecido Hugo Chávez. Al año siguiente se enfrentó a Maduro en unos comicios que perdió por un margen estrecho.
La sanción contra el opositor se da luego que la Contraloría General declarara a inicios de año la responsabilidad administrativa de Capriles y otros ocho funcionarios de la gobernación de Miranda por presuntas operaciones indebidas en esa dependencia. Como parte del proceso, el organismo le impuso a Capriles y los otros funcionarios multas de 43.000 bolívares (unos 60 dólares).
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Los funcionarios fueron procesados por seis casos que incluían una reconducción del presupuesto de 2011, donaciones que recibieron de Polonia y Gran Bretaña, un contrato para un mensaje publicitario que suscribió con una televisora local y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la gobernación. Capriles descartó que los procesos impliquen un “daño patrimonial” al estado venezolano, tal como sostienen las autoridades, e insistió en que las acciones de la Contraloría General buscaban su inhabilitación política.
Capriles es el tercer dirigente de la oposición que es inhabilitado políticamente. En 2004, la Contraloría General impuso una inhabilitación de casi diez años al dirigente encarcelado Leopoldo López y recientemente inhabilitó por 15 años al exalcalde del municipio central de San Diego, Enzo Scarano.
La inhabilitación de Capriles coincidió con el anuncio de la muerte del universitario Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, quien falleció luego de recibir un disparo durante una protesta nocturna en el municipio central de Carrizal, que fue reprimida por policías y guardias nacionales.
La Fiscalía General anunció que abrió una investigación sobre la muerte del universitario.
En tanto el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó la muerte de Ortiz y dijo en su cuenta de Twitter que se comunicó con el ministro de Relaciones Interiores para que se investigue y sancione a los responsables.
El estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua es el primer fallecido que dejan las protestas que se vienen registrando en la capital y otras ciudades desde la semana pasada tras las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados. A pesar de que los dictámenes fueron revertidos continúan generando cuestionamientos internacionales y tensiones en Venezuela.
La víspera, miles de policías y guardias nacionales utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua para dispersar a miles de manifestantes y dirigentes opositores que habían tomado la principal autopista de Caracas para marchar hacia la Defensoría del Pueblo y exigirle que actúe contra los magistrados del Tribunal Supremo.
Cientos de opositores, algunos de ellos con los rostros cubiertos, se enfrentaron por unas tres horas con piedras y otros objetos contundentes a los cuerpos de seguridad. Los incidentes dejaron al menos 19 heridos y una treintena de detenidos.
El presidente Nicolás Maduro condenó el jueves las protestas y exigió “justicia” para los responsables de los hechos violentos.
