Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclama acusaciones infundadas de un gran fraude electoral en los comicios del pasado otoño, los legisladores de al menos 20 estados bajo gobierno republicano trabajan para hacer más difícil el registro de los votantes o el proceso de votación.
Lugares como Arkansas, Iowa, Maine, Nebraska e Indiana tienen procesos en marcha para introducir o endurecer el requisito de que los votantes muestren una identificación con foto en los centros de votación. Hay una iniciativa en Iowa y Nueva Hampshire para eliminar el registro de votantes el mismo día de las elecciones. Nueva Hampshire también podría complicar el proceso para estudiantes universitarios. Y Texas podría reducir en varios días el proceso de votación anticipada.
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Los defensores de estas medidas dicen que son necesarias para combatir el fraude electoral y aumentar la confianza del público en las elecciones. Sin embargo, los estudios han demostrado que el fraude de identidad en las urnas es extremadamente raro y los detractores de estas propuestas advierten de que perjudican sobre todo a personas pobres, minorías y estudiantes —tres grupos que tienden a votar a demócratas_, así como a los ancianos.
También temen que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ahora dirigido por el recién confirmado secretario de Justicia Jeff Sessions, haga poco por proteger a los votantes.
Algunos observadores electorales consideran que los derechos de voto se ven bajo un intenso ataque.
“Lo que pasa aquí en realidad es un intento de manipular el sistema para que algunas personas puedan participar y algunas personas no puedan”, afirmó Myrna Perez, directora del proyecto Derechos de Voto y Elecciones en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.
Aun así, hay más leyes en todo el país dirigidas a facilitar el voto, según el Centro Brennan. Dos propuestas populares son la creación de un registro automático de votantes y habilitar o ampliar la votación anticipada.
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Por ejemplo, el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, apoya una propuesta para registrar de forma automática a la gente que utiliza sus trámites de vehículos de motor y ofrecer votación anticipada durante 12 días antes de las elecciones.
Muchas de las medidas restrictivas se hicieron posibles después de que el Supremo de Estados Unidos derogara en 2013 una cláusula clave de la Ley sobre Derechos de Voto, una norma federal que requería a ciertos estados y condados, especialmente en el sur del país, obtener el visto bueno del Departamento de Justicia antes de cambiar sus leyes electorales.
Los comicios presidenciales de 2016 fueron los primeros sin esas protecciones, y los votantes de 14 estados enfrentaron nuevas restricciones sobre el voto o el registro.
Kevin Hall, portavoz del secretario de Estado de Iowa, dijo que la propuesta en el estado incluye proporcionar una tarjeta de identificación con foto a cualquiera que la necesite y que también actualizaría la tecnología del sistema de votos.
“Esto es una estrategia de sentido común sólo para proteger la integridad de nuestras elecciones”, dijo. “Queremos asegurarnos de que son seguras y aumentar también la confianza de los votantes”.
Además de eliminar el registro en el mismo día de las elecciones, los republicanos de Nueva Hampshire quieren añadir un requisito de residencia que según las voces críticas impediría votar a los estudiantes universitarios. Ahora, la gente puede votar en Nueva Hampshire si lo considera su hogar. Los partidarios del cambio dicen que la medida aseguraría que sólo participa en las elecciones gente que de verdad vive en el estado.
Muchas de las propuestas afrontarán sin duda demandas legales.
Tribunales federales revocaron algunas de las medidas más duras en Carolina del Norte y Texas antes de las elecciones a la presidencia. Esos casos siguen en los tribunales y los grupos de defensa de los derechos de voto temen que el nuevo secretario de Justicia abandone los esfuerzos emprendidos durante el gobierno de Obama para combatir las restricciones.
En los últimos años, “estados y localidades se sintieron envalentonados como nunca antes al emplear una amplia gama de tácticas para negar los derechos de voto a la gente de color y personas con minusvalías”, dijo Scott Simpson, de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos y Civiles. “Esperemos que esto empeore mucho con un Departamento de Justicia que es hostil a los derechos de voto”.
Trump ha afirmado sin pruebas que hasta 5 millones de personas votaron de forma ilegal en las elecciones a la presidencia, quejándose de que el censo electoral incluye a personas fallecidas, gente sin ciudadanía estadounidense y personas registradas en varios estados. Ha pedido una investigación.
Los expertos electorales están más preocupados por la antigüedad de los sistemas de voto en el país y su vulnerabilidad a las interferencias externas.
Una comisión federal responsable de trabajar con los estados sobre estas cuestiones afronta un futuro incierto, después de que un comité de la Cámara de Representantes votara esta semana a favor de eliminarlo. La Comisión de Asistencia Electoral se creó tras el caos registrado en Florida durante los comicios a la presidencia en 2000. Los republicanos afirman que la agencia es un ejemplo claro de despilfarro del gobierno.
La comisión tenía previsto hacer recomendaciones este año sobre nuevos estándares de equipamiento para votaciones.
