La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado una gran incertidumbre entre los reos que quedan en Guantánamo en el 15to aniversario del arribo de los primeros prisioneros a la base militar estadounidense enclavada en Cuba.
Diecinueve de los 55 presos que quedan ya tienen órdenes de liberación y podrían salir de la cárcel en los últimos días de la presidencia de Barack Obama, como parte de un esfuerzo por reducir el tamaño de la prisión en vista de que su gobierno no pudo cerrarla.
PUBLICIDAD
Pero los que queden enfrentarán un futuro lleno de interrogantes bajo un gobierno de Trump, quien ha dicho que desea mantener la prisión abierta y hace poco exhortó a Obama a suspender las excarcelaciones.
“Hay mucha ansiedad y temor”, dijo Pardiss Kabriaei, abogado del Centro para los Derechos Constitucionales (CDC), una organización con sede en Nueva York que representa a cinco de los presos.
En este contexto, hay programadas para el miércoles manifestaciones en Londres, Los Ángeles y Washington en las que activistas lucirán los uniformes anaranjados que simbolizan el centro de detención, a pesar de que los han usado solo un puñado de reos que violaron las normas del centro o están siendo sometidos a acciones disciplinarias.
En Washington, organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluida la rama local de Amnistía Internacional, planean hacer una protesta frente a la Corte Suprema y luego marchar hacia el Senado para pedir a Obama que use sus atribuciones ejecutivas para hacer a un lado las restricciones que fijó al Congreso al desplazamiento de los reos a penales de Estados Unidos y cierre el centro de detención antes de la inauguración del nuevo presidente, programada para el 20 de enero. Es una perspectiva improbable ya que tropezaría con cuestionamientos legales y sería anulada seguramente apenas Trump asuma.
“Queremos que todos los reos de Guantánamo sean acusados y juzgados justamente o liberados”, declaró Elizabeth Beavers, de Amnistía Internacional. “Lo consideramos la única salida legal”.
PUBLICIDAD
Estados Unidos comenzó a usar la base en un aislado sector del sudeste de Cuba como centro de detención de prisioneros capturados durante la invasión a Afganistán. El primer avión con reos arribó el 11 de enero del 2002 y 18 meses después llegó a albergar a 680 presos. Cuando Obama asumió la presidencia en el 2009 quedaban 242. El mandatario se propuso cerrar el centro, que fue un blanco de fuertes críticas internacionales por el trato que se daba a los reos y porque se los retenía indefinidamente sin cargos.
Pero no pudo hacerlo por la oposición de mucha gente al traslado de los reos a centros de detención de Estados Unidos.
Trump dijo durante la campaña presidencial que no solo se proponía mantener abierto el centro de detención sino también “llenarlo de gente mala”. Volvió a tocar el tema el 3 de enero en Twitter, cuando dijo que “no debería salir más gente” de la base. “Son personas muy peligrosas y no se les debería permitir volver al campo de batalla”.
Dos días después, el Pentágono anunció que cuatro individuos que habían sido retenidos 14 años sin cargos habían sido liberados y enviados a Arabia Saudita. El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest dijo que el gobierno no acataría el pedido de Trump de que se suspendan las liberaciones y aseguró que más gente sería excarcelada en los próximos días.
“Él tendrá la oportunidad de implementar las políticas que considere oportunas cuando asuma el 20 de enero”, expresó Earnest.
De los 55 reos que quedan, diez están siendo procesados por comisiones militares, como se denomina a unos tribunales civiles y militares creados para juzgar a los reos de Guantánamo por crímenes de guerra. Uno, un asistente de Osama bin Laden, fue convicto y cumple una condena a cadena perpetua; dos esperan ser sentenciados como parte de un acuerdo con los fiscales y los otros siete están en las etapas preliminares de sus juicios. Cinco de ellos han sido vinculados con los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Tomando en cuenta que 19 reos tienen el camino despejado para ser excarcelados, quedarían 26 sobre los que pesan las leyes de guerra internacionales que según el gobierno permiten mantenerlos detenidos indefinidamente si representan una amenaza para el país o sus aliados. La mayoría no pueden ser acusados porque no hay suficientes pruebas o porque la evidencia que hay no puede ser utilizada porque fue obtenida mediante torturas o porque los tribunales opinan que sus supuestos delitos no son crímenes de guerra internacionales, lo que implica que pueden ser juzgados solo por tribunales civiles de Estados Unidos, algo que ha prohibido el Congreso.
El gobierno de Obama redujo en más de la mitad la cantidad de reos mediante procedimientos similares a los empleados al conceder la libertad bajo palabra, en los que se vuelve a evaluar a los detenidos. Algunos piensan que estos procesos no seguirán con Trump.
“Considero que pasará cierto tiempo antes de que haya nuevas reevaluaciones”, expresó Shane Kadidal, abogados de reos del CDC.
Trump no ha hablado en detalle de sus planes para el centro de detención y algunos abogados de presos, como Shelby Sullivan-Bennis, de la agrupación de derechos humanos Reprieve, dijeron que es posible que el nuevo presidente mantenga algunas de las políticas actuales luego de estudiar el tema.
“A esta altura, cruzamos los dedos para que haya el mejor desenlace”, manifestó.
