Martha Sepúlveda eligió morir unas pocas horas después de la eutanasia de Víctor Escobar, quien se convirtió en el primer paciente no terminal en acceder a este derecho en Colombia y Latinoamérica. Ambos fueron pioneros y abrieron la puerta a otros pacientes luego de librar batallas jurídicas.
La eutanasia en Colombia es legal desde 1997, pero recién en julio de 2021 fue autorizada por la Corte Constitucional para ser aplicada en pacientes que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico causado por una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, sin haber sido diagnosticados en fase terminal, es decir, que les restan menos de seis meses de vida.
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Sepúlveda, de 51 años y diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica o ELA, guardó silencio sobre la fecha y hora de su muerte. “Ella decidió no volver a comunicar estos detalles porque sentía temor de que se volvieran a atravesar en su procedimiento, por eso la decisión sólo fue pública después de que se llevó a cabo”, dijo el lunes a The Associated Press Lucas Correa, quien fue su abogado y es director de investigaciones de DescLAB, una organización que brinda asesoría jurídica a personas que eligen la eutanasia.
Inicialmente su muerte asistida se había programado para el 10 de octubre de 2021, sin embargo, el procedimiento fue cancelado horas antes luego de que el comité médico cambió su veredicto y concluyó que Sepúlveda no cumplía “con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”. Correa aseguró que dicha decisión fue producto de “supuestas presiones del gobierno nacional” luego de que su caso fuera público en medios de comunicación.
El gobierno de Colombia no se ha pronunciado formalmente sobre los casos de Escobar y Sepúlveda. Sin embargo, el Ministerio de Salud pidió a la Corte Constitucional aclarar el alcance de su sentencia al considerar que es ambigua en lo referente al “intenso sufrimiento” físico o psíquico que padece un paciente. La Corte no accedió a la solicitud al concluir que el ministerio cuestionaba la sentencia y pretendía abrir el debate de fondo.
“Los casos de Víctor y Martha nos muestran que a pesar de que la Corte Constitucional ha transformado el precedente judicial y que la enfermedad terminal ya no es un requisito, el sistema de salud, los médicos e inclusive algunos jueces siguen exigiéndolo”, explicó Correa sobre la importancia de que el Ministerio de Salud elimine el requisito de enfermedad terminal en su normatividad.
Así como a Sepúlveda, a Escobar le fue negada la eutanasia en dos oportunidades dilatando su decisión por dos años y medio. Padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), había sufrido dos accidentes cerebrovasculares que afectaron la movilidad de su cuerpo, tenía hipertensión, diabetes y síndrome de la articulación condrocostal.
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Horas antes de morir Escobar, de 60 años, le pidió a los médicos y a los políticos, especialmente a los congresistas de todo el mundo, que “se pongan la mano en el corazón: los pacientes con enfermedades degenerativas creo que sufrimos más que un paciente que está en fase terminal. Nuestro sufrimiento no es corto, es de semanas, meses, años, y luchamos por llegar a una muerte digna”.
Escobar era consciente de que su caso serviría como “puerta para que un paciente como yo, con enfermedades degenerativas, tenga la oportunidad de luchar por una muerte digna”.
Pese a los obstáculos, en 2021 se realizaron 47 eutanasias, el máximo número anual desde 2015, año en que se reglamentó el procedimiento y desde el que se han contabilizado 178, de acuerdo con un reciente informe de DescLAB.
