Por décadas aquellos que no creemos en el estatus colonial que mantiene a Puerto Rico en una relación indigna con los Estados Unidos hemos advertido que tarde o temprano el sistema colapsaría y que el pueblo sufriría las consecuencias. Lamentablemente, ese momento llegó y es evidente que la colonia no aguanta más.
El 30 de junio de 2016, el presidente Barack Obama convirtió en ley el proyecto que hoy día conocemos como Promesa, el cual establece una junta federal para controlar las finanzas e impulsar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. La legislación colocó una nueva capa de autoridad entre los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico, acentuando nuestra situación colonial y dando un giro hacia el principio de los años 1900’s, tiempo en que el presidente de Estados Unidos designaba al Gobernador de la Isla.
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Como parte de las movidas más recientes, la Junta de Supervisión Fiscal ha descartado el presupuesto debidamente aprobado por la Rama Legislativa y firmado por el Gobernador y ha impuesto el presupuesto que esta misma desarrolló bajo el entendido de que el mismo es el único cónsono con el Plan Fiscal aprobado. Ante esta realidad, el Gobernador Rosselló se ha visto forzado a llevar a la Junta al tribunal señalando, entre otras cosas, que la Junta pretende “microadministrar” el gobierno de Puerto Rico.
La demanda radicada por Rosselló en la corte federal de distrito en el día de ayer como parte de los casos Título III de Promesa solicita a la jueza Laura Taylor Swain que emita un interdicto y una sentencia declaratoria contra la JSF por entender que el organismo federal a través del plan fiscal y el presupuesto pretende imponer decisiones de política pública cuando se trata de recomendaciones “no vinculantes” y que, por ende, el gobernador no tiene por qué acatar.
Por muchos años se trató de indoctrinar a los puertorriqueños sobre las “virtudes” del ELA y cómo el sistema en el que vivimos es “lo mejor de dos mundos”. Los sucesos de estos pasados días son la mejor evidencia de que esos discursos eran meras bolas de humo, espejismos y falacias sobre una “relación única” que ha quedado desmentida. De hecho, la presente crisis económica y la imposición de la Junta por parte del Congreso es el resultado directo de la incapacidad de desarrollo del ELA.
El modelo económico del ELA ha dependido principalmente de los beneficios contributivos que el Congreso le otorga a ciertas empresas americanas que operan desde la Isla. En el momento que el gobierno federal decidió de manera unilateral, dada la relación colonial entre PR y Estados Unidos, poner fin a ese tipo de incentivos, el Gobierno de Puerto Rico no contó con mollero alguno para detener dicha determinación. Como toda colonia, en ese momento estuvimos a la merced de la determinación unilateral de la metrópolis, al igual que lo estamos hoy día bajo el mandato de la Junta.
La falta de herramientas para desarrollar incentivos económicos que compitan con otras jurisdicciones dentro y fuera de la Nación americana han provocado que nos quedemos atrás y veamos países que antes mirábamos por encima del hombro, como República Dominicana, pasándonos por el lado y desarrollándose a un ritmo que hoy día envidiamos.
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La falta de crecimiento económico ha provocado que carezcamos de los recursos para pagar las deudas que se asumieron en gran parte para paliar gastos que nos requieren los estándares con los que tenemos que cumplir como jurisdicción americana regida por las leyes federales. En cambio, en otras jurisdicciones de la Nación los gastos que financiamos con dinero del gobierno local son financiados con transferencias de fondos federales a los que tienen derecho el mero hecho de ser estados. En Puerto Rico, vivimos con presupuesto de un Volkswagen de los 80, pero tenemos que pagar piezas de un Mercedes Benz del año.
Ante el hecho de que tenemos que la Junta fue impuesta por el Congreso y está aquí para quedarse debemos entonces movernos decididamente en dos frentes paralelos. Por un lado, debemos demostrar capacidad para administrar el aparato gubernamental de tal forma que el contribuyente, el comerciante, el inversionista y el mundo entero vuelva a creer en Puerto Rico; mientras que por otro, debemos remontar en la lucha por la estadidad, derecho que nos pertenece. La lápida del ELA ya está escrita y nosotros tenemos el deber como ciudadanos de sepultar de una vez y por todas ese “muerto”; de no hacerlo, ese muerto parao’ acabará llevando a nuestro pueblo a la tumba.
