En el día de ayer se develó otro capítulo en la saga entre los maestros de las escuelas católicas y el liderato local de la Iglesia. Afortunadamente los maestros se alzaron con otra victoria judicial que encamina la controversia a un final en que se haga verdadera “justicia divina”.
Hacemos un breve recuento de la controversia para el beneficio de nuestros lectores. Ante la eliminación del Plan de Pensiones en el 2016, un grupo de maestros retirados de la Academia Perpetuo Socorro, el Colegio San José y la Academia San Ignacio, afiliadas a la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan radicó una demanda en la que solicitan alrededor de $4.5 millones por beneficios que acumularon con el paso de los años en lo que pagaron por dicho plan de pensiones. En la demanda, los maestros reclaman que “en su capacidad como patrono… la Iglesia Católica viene obligada a responder con sus bienes para honrar los términos de sus contratos existentes con los demandantes”.
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Como parte de dicho proceso judicial, el 26 de marzo de este año el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden para embargar las cuentas de la Iglesia Católica, tras vencer el plazo que tenía la institución para depositar $4.7 millones. La resolución emitida el 16 de marzo por el juez superior Anthony Cuevas Ramos indicaba que la Iglesia Católica tendría que continuar con el pago mensual de las pensiones de los demandantes. Con este dinero se buscaba garantizarle el pago del Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas a los maestros afectados.
El 3 de mayo, el Tribunal de Apelaciones revocó este una resolución que obligaba a la Iglesia Católica a continuar con los pagos conforme al Plan de Pensiones y paralizó el embargo luego de acoger un recurso presentado por la Iglesia, en el cual ésta argumentaba que quedaba pendiente una serie de trámites en la corte federal y que el tribunal está actuando prematuramente.
En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concedió el auxilio de jurisdicción solicitado por los maestros demandantes contra la Iglesia Católica por lo que ésta deberá reanudar el pago de las pensiones a los maestros jubilados en las escuelas católicas mientras se las reclamaciones judiciales sobre esos casos se ven en su fondo.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo ordena que se cumpla con lo dictaminado por el Tribunal de Primera Instancia en la resolución del 16 de marzo de 2018 y la orden de 26 de marzo del mismo año. De esta manera efectivamente, se ordena a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico que inmediatamente proceda a continuar con la emisión de los pagos a los demandantes conforme al Plan de Pensiones.
Irónicamente, todo esto se da en medio del ofrecimiento del arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, para fungir como mediador entre la Junta Federal de Control Fiscal y el gobierno para llegar a un acuerdo y evitar que las discrepancias en cuanto al plan fiscal lleguen a los tribunales. Ante el hecho de que la controversia de la Iglesia Católica ya está ante los tribunales y que nuestro más alto foro judicial determinó que la Iglesia debe pagarle a los maestros lo adeudado, no queda otra que exigirle al arzobispo de que deje de predicar la moral en calzoncillos y pague lo que debe.
