Un riesgo para bancos dinero del cannabis local

El depósito del dinero generado del negocio del cannabis medicinal en bancos y cooperativas del país pudiera generar un problema porque, para el Gobierno federal, la marihuana sigue siendo ilegal y las transacciones monetarias quedan sujetas a una vigilancia rigurosa.

Esta situación ha sido un dolor de cabeza en estados de Estados Unidos donde el cannabis medicinal y el uso de la marihuana recreacional es legal, pues muchos negocios se han tenido que valer de bóvedas para guardar las grandes cantidades de dinero en efectivo, ya que se les dificulta los depósitos en los bancos, según consta en varios reportes de prensa estadounidense.

El comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco Latorre, y el presidente interino de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), José Flores, coincidieron en que en Puerto Rico sucederá lo mismo que en ciertas jurisdicciones de Estados Unidos porque aplican las regulaciones federales.

Ambos se valieron de la determinación del exsecretario del Departamento de Justicia federal, James Cole, quien estipuló en agosto de 2013 ocho puntos que enfatizan los problemas que puede generar el negocio de la marihuana y a los que les prestarán atención.

Los ocho puntos son que no se venda marihuana ni sus derivados a menores de edad, que lo generado de la marihuana legal no se desvíe para actos ilícitos, que no se distribuya marihuana a estados donde aún es ilegal, que no se utilice el negocio del cannabis para traficar otras drogas ilegales, que se prevenga la violencia armada, que las consecuencias del uso de la marihuana o sus derivados no generen nuevos problemas de salud pública, que el cultivo de la marihuana no afecte la seguridad de las personas y del medioambiente y que la misma no sea generada o administrada en propiedad federal.

Basándose en esto, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro federal que trabaja para prevenir el lavado de dinero, en febrero de 2014 adoptó la postura de Justicia federal y aclaró los requerimientos que aplican a las instituciones bancarias.

La declaración de FinCen establece que la institución bancaria que tome el riesgo de manejar dinero relacionado con el negocio del cannabis tiene que primero velar por que se cumplan los ocho lineamientos de Justicia federal, más en cada transacción radicar un reporte de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) y mantener un monitoreo constante de los clientes cuyos ingresos sean del negocio del cannabis.

“La realidad es que es bien restrictivo y lo hace bien costoso y arriesgado para cualquier institución financiera entrar en este negocio”, precisó el comisionado de OCIF, Blanco Latorre. 

“El que se dedique aquí a aceptar depósitos de estos negocios va a necesitar una estructura bien sofisticada y va a tener que tener personal altamente capacitado dedicado al monitoreo de esos negocios, y yo no sé qué banco quiera correrse esos riesgos”, explicó Blanco Latorre.

De otro lado, el presidente interino de COSSEC, Flores, coincidió con los planteamientos de Blanco Latorre, mas aclaró que las cooperativas no están ajenas de las regulaciones que impone el Gobierno federal y sus leyes relacionadas con la banca.

“Toda estructura bancaria tiene que tener estos requisitos. Para el asunto del cannabis, es más riguroso. Hay un riesgo mayor de asegurarte de que las transacciones son legítimas”, estableció Flores.

Flores apuntó que algunos de los problemas en Estados Unidos con el negocio del cannabis es que “hay muchas transacciones en efectivo”, lo que genera “actividad criminal”, “asalto en los negocios”, porque “hay muchos sitios que tienen bóvedas”. 

Sobre estas situaciones, Flores señaló que esto “es un asunto de política pública que el Departamento de Salud tiene que atender”.

Tanto el funcionario de OCIF como el de COSSEC precisaron que han participado de reuniones en La Fortaleza con personal del Departamento de Salud, pero que ambos han mantenido sus posturas basadas en las declaraciones y mandatos federales.

Igualmente, Metro consultó con el G25, un grupo de cooperativas organizadas, y la entidad se amparó en la reglamentación federal aplicable y que, por ende, no podrán ser depositarias del dinero del negocio del cannabis medicinal que el Gobierno espera comenzar a finales de este año.

Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, comunicó a este diario que “la política de negocio en torno al cannabis medicinal lo trabaja cada banco de forma individual”. Sin embargo, puntualizó que espera que “la banca comercial cumpla a cabalidad todas las regulaciones tanto federales como locales relacionadas”.

Metro realizó nuevamente una petición de información al Departamento de Salud sobre el particular, pero la portavoz Neyssa García indicó que próximamente habrá una rueda de prensa donde se aclararán todos los detalles del negocio que recién se experimenta en la isla.
 

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