El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró que la radicación del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para el Sistema de Retiro protegerá a los pensionados.
Según contó, con la medida los jubilados no perderán el dinero que reciben mensualmente. Rosselló detalló en conferencia de prensa que “en 2007, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, se tomó una acción irresponsable que afectaba al pensionado. En aquel entonces, no pasó ni el juicio de la Legislatura y era que se iba a sacar una emisión de bonos basada en las aportaciones de los empleados públicos al Sistema de Retiro”.
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Según expuso, el colateral era el dinero de los pensionados, a la vez que destacó que antes del Título III estaban desprotegidos los fondos de esta población, ya que podían utilizarse para pagarles a los acreedores. Asimismo, declaró que la radicación del recurso de reestructuración de deuda vía tribunales que provee la Ley PROMESA “para los pensionados implica que no van a perder sus pensiones”.
Las expresiones del mandatario se dieron durante la inauguración del centro de llamadas del Banco Santander.
Se espera que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) continúe negociaciones a fin de lograr acuerdos consensuados con otros acreedores, como el que recientemente logró con los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
JCF certifica Título III de Carreteras y Retiro
Mientras, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que aprobó, certificó y radicó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 21 de mayo de 2017 peticiones voluntarias bajo el Título III de PROMESA para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SRE), respectivamente.
El presidente de la Junta, José Carrión, explicó que, a partir de la solicitud correspondiente por parte del Gobierno de Puerto Rico, la Junta determinó que era necesario y apropiado que la ACT y el SRE radicaran dichas peticiones voluntarias bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, a la ACT, el SRE y los intereses de sus acreedores y pensionados, y evitar un impacto negativo a la economía aún mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.
