Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Joel Franqui, Michael Abid Quiñones, Félix Lasalle y José ‘Che’ Pérez, anunciaron el lunes la radicación de una medida dirigida a facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), anunciaron el lunes.
El Proyecto de la Cámara 744 buscaría reglamentar, fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos en todos los niveles de mercadeo del asfalto en Puerto Rico.
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“Debido a lo oneroso que resulta mantener las carreteras en condiciones óptimas, el Estado se ha visto imposibilitado de poder cumplir su obligación de proveerle a la ciudadanía carreteras aptas. El factor principal para incumplir con este mandato ha sido el costo del agregado de la mezcla y el del petróleo, pues el precio de este último cada vez es más difícil de predecir debido al comportamiento errático del precio del barril en el mercado. Sin embargo, existen otros factores que siendo regulados controlarían el precio del asfalto haciendo viable proyectos para mejoras en las carreteras. Por eso necesitamos que DACO sea la entidad que regule el precio de este producto”, dijo Franqui en declaraciones escritas.
El Artículo 403 del Código Político del 1902, le impone al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el deber de que las carreteras a su cargo se mantengan en un buen estado de conservación, explicó.
De paso, indicaron que la Autoridad de Transportación y Obras Públicas (ACT) ha señalado que el precio del petróleo es uno de los factores que afecta el precio de la tonelada de asfalto, no obstante éste no es el único. El precio de la tonelada de asfalto también depende de: las cantidades a depositar; las condiciones existentes que facilitan o dificultan el tiro de asfalto y la oferta y demanda.
De los tantos derivados que podemos obtener del petróleo, el asfalto permite la pavimentación de caminos, calles y el revestimiento de muros y tejados. La pavimentación de las carreteras un servicio esencial del Gobierno Central y los Municipios, para beneficio de la infraestructura y la seguridad de nuestros ciudadanos, concluyeron.
