Despidos, reducción de jornada laboral y cierre de negocios son algunas de las consecuencias que podría traer la aprobación del Proyecto de la Cámara 971, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, David Rodríguez.
Según el comerciante, la medida representaría un “impacto a la economía de $432 millones”.
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El proyecto, radicado por los representantes Carlos Méndez Núñez y José Luis Rivera Guerra, indica en su exposición de motivos que busca “enmendar los incisos (a) y (b) de la sección 5 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales, a los fines de aumentar la patente de uno y medio por ciento (1.50 %) aplicable a personas con negocios financieros y la patente de cincuenta centésimas (.50) del uno por ciento (1 %), respectivamente”.
Rodríguez comentó a Metro que “se estima en $300 millones las exoneraciones que tienen las propiedades que no son correctas”.
El portavoz de la Cámara de Comercio también opinó que se le pueden delegar la tasaciones a los propios comerciantes y que estos hagan los pagos a los Centros de Recaudos Municipales (CRIM).
De igual forma, Rodríguez declaró que los municipios también deberían reestructurarse. “El municipio tiene que revaluar y reinventar su administración. Ya no estamos para 78 estructuras municipales dando los mismos servicios”, acotó.
Rodríguez destacó que se han reunido con diversos legisladores para hacerles la petición de que no den paso a la medida.
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Más voces en alerta
Los portavoces de la Coalición, comerciantes y líderes empresariales recordaron en una comunicación escrita lo que vivieron con el llamado patentazo, legislación que en aquel entonces tuvo la oposición de los legisladores del PNP y que tuvo que ser derogada “por el daño irreversible a las operaciones de pequeños, medianos y grandes comerciantes y a la economía del país en general”.
“Como recordarán, una de las consecuencias más devastadoras que tuvo la patente nacional fue el efecto en cascada de aumentos de costos en la cadena, desde los importadores, distribuidores, manufactureros y comercios, ya que era un impuesto confiscatorio de las ventas. Esto terminó estrangulando las finanzas de las empresas y aumentando los precios de los bienes y servicios que el consumidor paga”, opinó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
“El P. de la C. 971 es una medida aislada, exclusivamente de recaudos para los municipios, que no aparenta formar parte de ninguna estrategia coherente de desarrollo económico. De poco nos valdrá salvar a los municipios a costa de más empleos privados”, añadió Reyes.
Finalmente, Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal. comentó que el mayor defecto que le va a la contribución es que se basa en la venta bruta del comercio sin tomar en consideración todos los gastos operacionales, tales como lanómina, utilidades, renta, depreciación u otras contribuciones.
