Luego que el gobernador firmara la derogación de la ley que establecía un organismo para auditar la deuda, sectores que procuran se conozcan los detalles del endeudamiento público vuelven a la carga con la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito de Puerto Rico.
Así lo estableció a Metro el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, quien estableció que la nueva entidad es un modelo ciudadano similar al desarrollado en otros países para realizar auditorías e investigaciones sobre las deudas acumuladas de sus gobiernos.
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Según Pagán, quien también fungió como portavoz de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, el nuevo ente busca dar continuidad a los trabajos iniciados por la Ley 97 de 2015.
“Espero que el gobernador, como ha expresado, nos suministre toda la información que necesitemos y no tengamos que acudir al tribunal a solicitarla”, señaló Pagán.
Dijo que actualmente se encuentran en el proceso de identificar ciudadanos del interés público y otros sectores que interesen participar en el proceso.
Hasta el momento cuenta con el propio Pagán, con el empresario Edwin Colón, el economista José Alameda, el doctor en Finanzas José González Taboada y el especialista en derecho constitucional Hiram Meléndez como representantes del interés publico.
Aseguró también que este miércoles a las 4:00 de la tarde celebrarán una reunión en las oficinas de la SPT para destacar las formas de recolección de fondos para la contratación de expertos en auditoría.
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Previo a su derogación de la ley la pasada semana, la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público había contratado a la firma Macías, Gini & O’Connell (MGO), con sede en California, para que se encargara de examinar las últimas cuatro emisiones de deuda.
El monto de la contratación era de unos $100,000. La asignación gubernamental de la instrumentalidad era de $2.5 millones.
