El representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, aseguró que en caso de que el ente federal decida aceptar solo partes del Plan Fiscal que entregaron anoche abogarán por sus propuestas para el sistema de pensiones.
Las expresiones del funcionario se dieron durante una reunión informativa que realizó para los medios junto con el director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, (AAFAF), Gerardo Portela.
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En dicha reunión, Sánchez declaró que el 85% de los pensionados no sufrirá cambios en lo que recibe mensualmente, esto en las recomendaciones que hacen a la JCF.
Ambos funcionarios también aseguraron que el plan cumple con todos los requisitos de la Junta, y detallaron que en las próximas semanas la AAFAF estará en comunicación con ellos para ver si se certifica el plan.
De igual forma, aseguraron que no se quedan cortos por $850 millones como mencionó ayer el gobernador Ricardo Rosselló en un aparte con la prensa previo a su mensaje de situación. Según Sánchez, lo que hay es una diferencia con los números base que estima la JCF y los del Gobierno.
“Un supuesto como el que establece la Junta de que habrá una contracción económica de un 17% en un año no se sostiene en nada”, sostuvo Sánchez, quien agregó que, aunque no estiman crecimiento, sus economistas estiman que la contracción no sería de esa magnitud. Asimismo, el representante de la JCF dijo que en enero se ha visto una tendencia de $100 millones en recaudos por encima, así como un aumento de 2% en la venta de cemento.
“Si Puerto Rico pasara por una contracción de ese tamaño al espacio de un año el impacto sobre el sector privado sería devastador”, agregó Sánchez.
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Piden a la Junta que mantenga el “stay”
Sánchez declaró en la reunión que en el Plan Fiscal solicitan una extensión de la moratoria federal, que detiene las demandas de los bonistas al Gobierno de Puerto Rico hasta el 31 de diciembre. Dicha moratoria o “stay” vence el 1ro de mayo.
El funcionario dijo que la petición se hace no para evadir los pagos, sino para evadir las demandas y que el Gobierno pagará a los bonistas en la medida que le sea posible.
