Representantes de organizaciones multisectoriales responsabilizaron al gobernador Ricardo Rosselló, los legisladores, la Coalición del Sector Privado (CSP) y a la Junta de Supervisión Fiscal por la debacle económica, el alza migratoria y la crisis de derechos humanos que se avecina, con todos los cambios a la legislación laboral.
En una comunicación escrita, el movimiento compuesto por organizaciones del sector sindical, economistas, organizaciones de mujeres, ambientalistas y de derechos humanos, entre otros, denunció que este proyecto, junto al del empleador único y otros de igual magnitud, tendrán el efecto totalmente contrario a lo que propulsan sus responsables.
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“Mediante un proceso antidemocrático, atropellante y carente de toda sensibilidad, el gobernador se apresta a firmar una sentencia contra el pueblo puertorriqueño. Responsabilizamos a Ricardo Roselló a cada uno de los legisladores que votaron a favor, a los integrantes de la Coalición del Sector Privado y a la Junta de Control Fiscal por todas las consecuencias nefastas que esta legislación traerá”, expresó Pedro Irene Maymí, portavoz de la Coalición Sindical.
Mientras, Iram Ramírez, presidente de la Unión Internacional de Empleados Profesionales de Oficina, manifestó “que no le quepa duda a nadie que todas las iniciativas del gobierno van dirigidas a pagarle a los bonistas. Aunque quieran hacerle ver al pueblo que se están enfrentando a las imposiciones de la junta, lo cierto es que sus medidas van dirigidas totalmente a complacerlos, simplemente ejecutan lo que los bonistas pidan y a la larga, a ninguno le importa el pueblo”.
“Toda la legislación que están aprobando en menos de un mes tiene el solo propósito de trastocar todo el sistema de protección laboral, de las comunicades, de la educación, el ambiental. Pero, le advertimos que están llevándonos directamente a crear una verdadera crisis de derechos humanos. Son indignas las condiciones a las que están sometiendo a los trabajadores y trabajadoras, a nuestros jóvenes, mujeres y a todo el pueblo”, expresó por su parte Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados.
Por el Movimiento Amplio de Mujeres, Eva Prado, comentó que “las mujeres alzamos nuestra voz que toda esta legislación nos afecta directamente. Incluir una cláusula sobre la lactanacia a las trabajadores de tiempo parcial, no es hacer justicia a la mujer porque por otro lado, le quitan todas las posibilidades a las jefas de familia, a las que trabajan y cuidan a la familia, a las mujeres jóvenes que empiecen en la fuerza laboral o simplemente a las que quieran cambiar de empleo. Aquí estaremos luchando junto a nuestro pueblo por estas injusticias”.
Heriberto Martínez, representante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, insistió en que los cambios a la legislación protectora del trabajo implica graves consecuencias para la economía puertorriqueña por la desface que se creará ya que los puertorriqueños no tienen el beneficio de buenos salarios que puedan ayudar a amilanar la perdida de beneficios. “Recalcamos que contrario a los proponentes de estos proyectos, la consecuencia no sera crear nuevos empleos, por el contrario, se acrecentará más el abismo, la gente pobre se hará más pobre sin beneficios reales cuando trabajan y los ricos, se lucrarán más”, acotó el economista.
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Los portavoces también expresaron preocupación por las implicaciones en la Universidad de Puerto Rico. Se cerrarán más las puertas a nuestros jóvenes, los profesores emigrarán a buscar mejores condiciones en otras partes donde puedan apreciar su talento, van a destruir uno de nuestros recursos más valioso que es la educación.
El coportavoz de la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, José “Tato” Rivera Santana, declaró que los sectores sociales no se van a quedar de brazos cruzados mientras intentan derrumbar a Puerto Rico.
Irene Maymí indicó “las organizaciones vamos a dar la lucha, que eso no le quepa duda a nadie. Hoy convocamos al pueblo a las acciones que llevaremos a cabo el jueves, 9 de febrero. Los detalles se ofrecerán más adelante”.
Anticiparon que la Coalición del Sector Privado (CSP) debe prepararse a enfrentar las consecuencias que conllevan sus accciones, por su ambición desmedida de riqueza y la explotación a la que exponen ahora a los puertorriqueños, esclavizando a su clase trabajadora.
